Las multas por daños a ríos caen a la mitad el último año y superan los 100.000 euros

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa en materia fluvial y garantizar la seguridad y buen estado de los cauces en el Bierzo. Como tal, es la entidad encargada de sancionar y reclamar una compensación económica por daños y perjuicios bien a particulares, bien a empresas o bien a administraciones, fundamentalmente ayuntamientos. 2015 ha sido un año de contradicciones en este sentido. Si bien el número de expedientes sancionadores resueltos, es decir, de multas impuestas por acciones generalmente cometidas en 2014, se redujo a la mitad con respecto al ejercicio anterior; los expedientes incoados, o lo que es lo mismo, el número de casos abiertos todavía en investigación, se incrementaron hasta los 76, frente a los 48 de 2014. Se rompe así la tendencia en positivo que se había implantado en los últimos años y se han llegado a cometer tres infracciones tipificadas como graves, cuando un año antes ninguna alcanzó tal calibre.

En cuanto a las causas de los nuevos expedientes abiertos, son las acciones ejecutadas sin autorización ni concesión de ningún tipo —derivaciones de aguas, talas, plantaciones, abandono de vehículos o acampadas, entre otros— los que conforman el grupo mayoritario. De hecho, de los 76 expedientes incoados, 41 derivan de actuaciones de este tipo, mientras que se abrieron 19 investigaciones por la ejecución de obras en el dominio público hidráulico (DPH) o en sus zonas de protección; y 16 por vertidos directos o indirectos en el DPH.

Por su parte, de las 30 sanciones impuestas, sólo una llegó a ser calificada de ‘menos grave’. El resto, todas leves y se reparten equitativamente entre obras, vertidos y acciones sancionables ya descritas, tales como derivaciones de cauce, talas, plantaciones o abandono de vehículos u otros desechos. Con ello, el importe de las multas determinadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a lo largo de 2015 supera los 103.000 euros. La cantidad resulta de la suma del importe de la sanción en sí más el importe de la indemnización por daños, en caso de que exista. Así, la cifra global se desglosa en algo más de 93.500 euros de sanciones y poco más de 10.000 euros en concepto de indemnización por la valoración de daños.

De entre todos los datos facilitados por la Confederación-Hidrográfica, llama la atención que los daños provocados por administraciones, generalmente locales, suponen cada vez un porcentaje menor del balance total. Así, sólo ocho de las 30 sanciones decretadas el año pasado fueron para alguna administración y quince de los 76 expedientes incoados se corresponden con la actividad de ellas. Esto se debe, fundamentalmente, a la mejora de los sistemas d depuración que están acometiendo los ayuntamientos, más concienciados de la necesidad de controlar los vertidos.