Los 32 escolares que quedan en el centro son de etnia gitana
El Procurador del Común recuerda que el colegio La Puebla nació en 1979 como un centro de 24 unidades educativas para responder al aumento de población en el ensanche de Ponferrada en el Polígono de Las Huertas.
El tiempo, sin embargo, lo ha convertido en un centro «aislado» socialmente, y un ejemplo de la segregación educativo que quiere combatir la oficina del defensor ciudadano con su resolución. Casos como el de Ponferrada, explica el Procurador «pueden ser indicativos de las dificultades que para la Administración educativa supone en la práctica la armonización» del derecho a la educación de las minorías sociales y el derecho de todos los ciudadanos a la libre elección de centro docente sin que el resultado sea «la aparición de guetos educativos».
De ahí que el Procurador, que recuerda las alertas en este sentido emitidas por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en 2011 y por el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia, proponga imponer limitaciones al derecho de libre elección de centro educativo.
La resolución también recomienda el establecimiento de planes específicos de escolarización de alumnos inmigrantes y de minorías étnicas y «el control del procesos de admisión en los centros para garantizar su transparencia». El Procurador advierte además de la necesidad de evitar el acceso desigual a la oferta educativa de cada centro por parte de las familias. «La falta de información sobre estas cuestiones puede repercutir en las estrategias de elección de muchas familias, facilitando proceso de segregación escolar», alerta para pedir «una política de información que compense las desigualdades sociales».