Municipalizar al TUP conllevaría un sobrecoste anual de más de 400.000€

maría carro | ponferrada

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, Ricardo Miranda, presentó ayer tres informes técnicos que desaconsejan la municipalización del servicio de transporte urbano como así lo han pedido varios grupos de la oposición. Un sobrecoste anual de 407.000 euros, la imposibilidad de garantizar la continuidad de los 29 trabajadores actuales y el hecho de que el plan de ajuste al que están sometidas las cuentas de la administración local impida la creación de cualquier empresa pública que pudiera hacerse cargo de la gestión de este servicio fueron tres de los puntos negativos de los informes que el edil presentó también a la oposición en la comisión informativa celebrada de cara al pleno del viernes.

Asimismo, Ricardo Miranda entregó al resto de grupos una comparativa de los servicios de transporte urbano de Ponferrada, Burgos y Santander. Eligió estos dos últimos porque —dijo— son los únicos de toda España que tienen una gestión directa del transporte. Los datos presentados por el concejal son claros y siguen la línea del informe financiero emitido por Intervención, el de personal y el del técnico de movilidad: es mucho más costoso asumir la gestión directa del servicio que externalizar el mismo. Concretamente, asumir el servicio costaría al Ayuntamiento de la capital berciana 327.000 euros más al año en personal al tener que aplicarse las condiciones reflejadas en el convenio y alrededor de cien mil euros más por la diferencia de gestión.

«Los costes reales de 2015 del actual concesionario son de 2.139.000 euros y en las mismas condiciones, la gestión directa sería de 2.243.000 euros según los datos que refleja el informe del interventor», explicó Ricardo Miranda.

Pero no sólo es eso, ya que las inversiones necesarias en material también desaconsejan la municipalización en términos económicos, ya que se multiplicaría el gasto. «A día de hoy, el Ayuntamiento no puede efectuar inversiones directamente, ya que no están contempladas en los presupuestos. Entonces, nos tendríamos que ir a otro tipo de acciones para comprar material o vehículos, a través de un renting, por ejemplo, para que figure como gasto y no como inversión», expresó el edil de Movilidad. En este caso —dijo— «con renting es el doble lo que hay que aportar de dinero».

Concurso de oposición

Si el gasto requerido para el sostenimiento del servicio actual —ocho líneas y una docena de autobuses— sería mayor tras las municipalización del servicio, otro de los grandes inconvenientes es que en ningún caso está garantizada la continuidad de la plantilla actual. «Tiene que haber un concurso de oposición, porque así lo establece la ley, con lo cual se puede presentar quien quiera y estos trabajadores pueden perder su puesto de trabajo, corren el riesgo de irse a la calle sin indemnización», aclaró el concejal.

Con todo ello, Miranda lo tiene claro. «Vistos estos informes, yo veo muy difícil que alguien apoye la municipalización. Cuesta mucho votar a favor», afirmó, apoyándose también en los ya referidos datos ligados a los servicios de transporte urbano de Burgos y Santander.

Mientras que en Ponferrada el coste total del servicio es de 2,45 millones, en Burgos supera los 16 millones y en Santander los 18,9 millones de euros. Así, el déficit por habitante es de 19,58 euros en Ponferrada, frente a los 62,23 euros de Burgos y los 47,76 euros de Santander. Lo mismo sucede con el coste por habitante. En las dos ciudades que gestionan directamente el servicio es de 91,10 euros y de 108,91 euros, frente a los 36,50 euros de la capital berciana sin que el volumen de población garantice la proporcionalidad.