«Pretendemos rellenar los huecos dejados por el silencio y el miedo»

«En virtud de los momentos críticos en que nos encontramos, por haberse sublevado algunos elementos en contra el Régimen (sic) y haciendo uso de las facultades que me concede la vigente Ley de Orden Público, vengo a nombrar a usted delegado de mi autoridad en todo el término municipal de Ponferrada, con facultades para proceder a la detención de aquellas personas que perturben el orden. Ponferrada, 19 de julio de 1936. El alcalde ».

El documento anterior —conservado en el Archivo Territorial Militar IV y hecho público por la ARMH en el estudio sobre la represión en el Bierzo que le ha valido el segundo premio Antonio Estévez del Instituto de Estudios Bercianos (IEB) al historiador Alejandro Rodríguez— lo firmaba Juan García Arias, último alcalde republicano de Ponferrada, y seguramente le costara la vida, porque fue una de las pruebas que fundamentaron la sentencia del Consejo de Guerra que le condenó a muerte. Juan García Arias, apenas un treintañero que sólo llevaba unas semanas en cargo debido a la enfermedad de su antecesor, el médico Carlos Garzón —también condenado a muerte poco después— fue una de las primeras personas fusiladas en toda la provincia por orden de un tribunal militar el 30 de julio en las tapias de Puente Castro, en León. Su delito; permanecer fiel a la República y tratar de frenar el golpe de Estado encarcelando a un listado de conocidos falangistas y requisando armas y dinamita. Al final, el nombre de García Arias acabó figurando en otra lista; la de las personas detenidas en Ponferrada tras la entrada de los militares sublevados y «consideradas cabecillas del movimiento revolucionario», en expresión del capitán de la Guardia Civil que firmó el documento mecanografiado el 28 de julio y donde no faltaban otros miembros de la corporación que también murieron fusilados como el síndico Arturo Pita y el propio Carlos Garzón, además de «jefes dinamiteros», «comunistas a sueldo», guardias de asalto que se enfrentaron a la Guardia Civil atrincherada en el cuartel de la ciudad o «miembros del comité revolucionario».

De aquellos días nefastos de julio de 1936 en Ponferrada —siete mil mineros del Bierzo y Asturias llegaron a concentrarse en la ciudad y los combates dejaron al menos 25 muertos y 14 heridos— ausentes en el volúmen que el Ayuntamiento editó para conmemorar el primer centenario de la ciudad en 2008, se había escrito algunos reportajes periodísticos y habían aparecido algunos párrafos en libros sobre la guerrilla y al represión, pero nunca habían sido el centro de una investigación histórica como tal. Alejandro Rodríguez ha consultado las fuentes documentales que todavía se conservan en una quincena de archivos históricos, militares, parroquiales y registros civiles, además de la memoria oral, para seguir el rastro de los primeros represaliados del conflicto; los miembros de las corporaciones de Ponferrada y también de Villafranca del Bierzo, donde de nada sirvió que toda la población, incluyendo la Guardia Civil de la villa del Burbia, lograra en un primer momento la liberación de su alcalde, Antonio Gabelas, que había evitado el derramamiento de sangre.

Rodríguez explica en su investigación —un anticipo de un estudio más ambicioso sobre la represión en todo el Bierzo— tiene claro que queda mucho por contar, ochenta años después. «Pretendemos rellenar los huecos dejados por el silencio y el miedo que impuso la violencia», cuenta en el prólogo de su investigación premiada. Y la tarea que tiene por delate, municipio a municipio, exigirá nuevos capítulos y muchas horas de esfuerzo.