La indemnización por romper el contrato de la basura podría superar los 5 millones
Es la cantidad correspondiente al beneficio empresarial a reclamar como lucro cesante.
Un trabajador del servicio de limpieza viaria en la plaza del Ayuntamiento, en imagen de archivo. L. D. M.
j. c. f. | Ponferrada
El atolladero en el que se encuentra el Ayuntamiento de Ponferrada por la resolución del TSJ con la que obligaba a retrotraer a la Mesa de Contratación el megacontrato unificado de la recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes está llamado a provocar un serio quebranto en las arcas municipales.
Si los trabajadores han sido los primeros en sufrir las consecuencias del fallo judicial —al comprobar, en primer lugar, que el consistorio se sentía liberado para hacer frente a la asunción de salarios que evitaba despidos, poniendo punto y final a la huelga en el servicio de recogida de basuras que se materializó en las últimas semanas de abril de 2016; y dejarlos sin interlocutor valido en la negociación del convenio colectivo, acto seguido—, el efecto de la sentencia también llegará a los servicios económicos del Ayuntamiento de Ponferrada. Y es que, tal y como ya avanzaron desde el Grupo Municipal Socialista y el Ponferrada en Común el Pleno del pasado viernes en la que se dio el visto bueno a la anulación del contrato, el acuerdo plenario abre la puerta a la actual adjudicataria para pedir indemnizaciones tanto por ‘daño emergente’ como por ‘lucro cesante’.
Una indemnización que, en último caso se debería liquidar en los juzgados, pero que ya sólo hablando del lucro cesante —la ganancia que un perjudicado deja de obtener por una acción de un tercero— la cifra que se podría solicitar como compensación rondaría los cinco millones de euros. Una cifra que se calcula al multiplicar el ‘beneficio empresarial’ que se recogía en la oferta presentada por la empresa y que supone el 6% de la misma a lo largo de los 17 años con lo que salió a licitación el servicio —en principio no se incluiría los tres de prórroga que se contemplaba pues se podría denunciar el contrato antes de entrar en ese trienio por cualquiera de las dos partes —.
A este concepto podría sumarse otra cantidad que considerase la empresa por ‘daños y perjuicios’. En ambos casos la decisión final parece que estará en manos de la Justicia, donde ya hay precedentes tanto a favor como en contra de estas reivindicaciones .
A la espera de que la actual empresa adjudicataria pueda dar un paso en esta dirección, en el Ayuntamiento de Ponferrada, tal y como reconoció ayer la alcaldesa de la ciudad, Gloria Fernández Merayo, se prefiere ir ‘paso a paso’. «Ponernos la venda antes de la hemorragia de poco vale, porque no conocemos la magnitud de la herida», señaló Merayo, quien apuesta por «conocer primero a la adjudicataria, luego si se emprenden acciones y luego cómo podemos responder a ello». También recordó la regidora que «la vida judicial es larga, y ahora estamos pagando sentencias de hace 4, 5, y 6 años».
Además afirmó que «desconozco si hay un informe de los servicios municipales al respecto. Yo no lo he pedido, y si lo hay a mi no me consta».