Merayo insiste en la herencia recibida para justificar su desatino con la basura

dl | Ponferrada

Tras una semana sin comparecencias públicas, —pese a que en este tiempo el conflicto de la basura se ha recrudecido, con anuncio incluido de una huelga indefinida en el servicio de recogida de la basura y limpieza viaria a partir del próximo tres de abril—, la regidora de Ponferrada, la popular Gloria Fernández Merayo reapareció ayer en escena, Y lo hizo tirando del argumentario habitual. «Es una situación heredada. Este equipo de gobierno ni contrató, ni licitó, ni causó la nulidad del contrato, ni fue al juzgado. ¿Que responsabilidad tenemos? Pues solucionar lo que otros dejaron mal», así se expresó ayer la alcaldesa de Ponferrada para achacar al anterior equipo de gobierno de Samuel Folgueral los problemas que arrastra el servicio de la basura.

Precisamente, desde esa ‘otra parte’ se ha puesto en entredicho los métodos utilizados por la regidora para ‘resolver’ este problema, llegando a afirmar que «no sólo no haya actuado con la discreción debida, sino que ha propuesto una adjudicataria a la mesa de contratación», por lo que Folgueral no dudó en acusarla de haber montado un ‘show.business’ en torno al conflicto de la basura.

Sin embargo, Merayo en el día de ayer fue un poco más lejos. Concretamente se remontó a la época del regidor popular, Carlos López Riesco. Así dio a conocer que la empresa de embutidos Pajariel ha presentado nuevamente una reclamación por la expropiación que sufrió ya en tiempos de Carlos López Riesco como alcalde y que cada vez que cambia la corporación vuelven a presentarse ante el Ayuntamiento. «El otro día llegó una reclamación de siete millones y medio de euros a la Comisión de Gobierno. Son cosas que vienen del anterior equipo de gobierno. Vamos a sorteándolas día a día. Hacemos lo que podemos, trabajando mucho, siendo honrados y sin salirnos de la legalidad», aseguró antes de confirmar que la reclamación ha sido «desestimada» en la misma comisión que ella misma preside (como habrían hecho sus antecesores).

Merayo insistió en atribuir al anterior equipo de gobierno la situación actual del Ayuntamiento. «En año y medio nos hemos acostumbrado a que las reclamaciones que nos llegan a la Comisión de Gobierno son de varios millones de euros y es lo más difícil de esta corporación. No la restricción presupuestaria, sino estas sorpresas que nos llegan», volviendo a recurrir al argumento al que echa mano cada vez que tiene que justificar sus casi dos años al frente del consistorio de Ponferrada y las decisiones que en este tiempo ha tomado.

También confirmó que la reunión de la mesa de contratación que debe reevaluar las ofertas presentadas para hacerse con el servicio de recogida de la basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes se celebrará este jueves. La alcaldesa de Ponferrada no dudó en volver a hacer su ‘quiniela’ sobre los plazos para que el servicio pueda tener una adjudicataria definitiva y «a la espera de lo que suceda en la reunión de hoy», no descartó que este punto pueda figurar en el orden del día del pleno ordinario previsto para el último viernes de marzo.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, se refirió a las posibilidades que se pueden poner sobre la mesa de contratación —de la que él es uno de sus integrantes políticos— asegurando que las opciones de cara a la resolución del conflicto «no son muchas» Sobre qué va a pasar a partir de la reunión de la mesa de contratación prevista para hoy, Mendo mostró incertidumbre y aseguró que, en todo caso, el objetivo es «dar pasos lo más seguros posible para que este entuerto se arregle de la mejor manera». Y para el concejal el arreglo pasa por tres premisas básicas: ofrecer un servicio digno, que la decisión que se adopte sea la menos gravosa para el ayuntamiento y agilizar la situación de los trabajadores del servicio.

Hay que recordar que la mesa de contratación de hoy, en la que junto a los dos componentes del equipo de Gobierno de Gloria Fernández Merayo están cuatro técnicos del consistorio, debe aplicar una sentencia del Alto Tribunal de Castilla y León en la que se condenaba al Ayuntamiento de Ponferrada a «proceder a la retroacción del procedimiento a los efectos de realizar una corrección de las puntuaciones técnicas y económicas ajustadas a los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos de condiciones y sus aclaraciones, que subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en la fundación jurídica de esta sentencia».