Todos los partidos exigen que se mantenga como está

Unanimidad política para que se mantenga Medicina Legal en Ponferrada

Instituciones y partidos temen que algún servicio se vaya a León

Palacio de Justicia de Ponferrada, en una imagen de archivo.DE LA MATA

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Ponferrada

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Las diputadas del PP de León, Ester Muñoz y Silvia Franco, se sumaron este miércoles a la exigencia de explicaciones al Gobierno sobre sus planes para reestructurar el Instituto de Medicina Legal y Forense de Ponferrada, que se podría trasladar, en parte, a León. En una pregunta parlamentaria, Muñoz y Franco denunciaron que esta medida es un nuevo castigo al Bierzo, «que afectaría a servicios esenciales para la comarca». Muñoz fue especialmente crítica con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. «Parece estar más interesado en ejercer de abogado defensor de Begoña Gómez y del fiscal general del Estado que en garantizar una justicia cercana al ciudadano. Desmantelar un órgano técnico como este Instituto es un disparate que perjudica gravemente a los bercianos y aleja los servicios públicos de quienes más los necesitan», asegura.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) mostró este miércoles también su rechazo. El secretario comarcal de UPL-Bierzo, y procurador en Cortes, José Ramón García, aseguró que lo que hay que hacer es «aumentar» el personal que trabaja en este Instituto para que pueda continuar trabajando en la comarca.

Esta semana, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, advirtió de que «cualquier intento de cambiar el Instituto de Medicina Legal o rebajar sus servicios, categoría o personal» tiene su «más firme rechazo», tras hacerse pública la posible desaparición de la actual estructura. Una medida que, según explicó, afecta a las autopsias, ya que «todas se harían en León, con el traslado de cadáveres y familias», lo que «supondría una desconsideración a las familias en un mal trance», así como a otras cuestiones como las pruebas periciales. Coalición por El Bierzo también se manifestó este martes al respecto y mostró su «indignación». El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, se sumó al rechazo. Aseguró que si esto es así «nos encontrarán en frente». El dirigente socialista anunció que iba a ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para conocer la situación.

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