La familia del fallecido en la letal agresión en Bembibre destaca que no hubo reyerta, ni pelea y fue un ataque "sorpresivo"

La representación legal de la familia de la persona fallecida el pasado viernes en una brutal agresión en la plaza Santa Bárbara de Bembibre ha emitido un comunicado precisando y puntualizando una serie de circunstancias entorno a este luctuoso hecho delictivo. En un escrito firmado este lunes 2 de junio por la abogada Emilia Esteban Fernández se indica que, en relación con los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes, 30 de mayo de 2025, a las 12.00 horas del mediodía, en la Plaza de Santa Bárbara de Bembibre, y que fueron objeto de atención mediática, desean aclarar de manera firme y contundente "que dichos hechos no constituyeron en modo alguno una pelea ni una reyerta, sino un ataque absolutamente injustificado, sorpresivo y letal hacia nuestro cliente, don Juan da Rosa". Señalan que, según se desprende de las diligencias de investigación y de los testimonios recabados, el presunto agresor "actuó de forma premeditada, con alevosía y extrema violencia, aprovechando un momento de total indefensión de nuestro cliente, atacándolo por la espalda y sin mediar provocación ni enfrentamiento previo, con la única finalidad de causarle la muerte". 

"Queremos enfatizar que, en ningún momento, don Juan da Rosa respondió al ataque ni participó en discusión alguna, ni profirió amenaza ni realizó conducta alguna que justificase, ni de forma remota, el uso de la violencia contra su persona", añaden. Aseguran que el hecho reviste especial gravedad "al haberse producido un ataque sorpresivo y cobarde, con extrema violencia, continuando la agresión incluso cuando el señor da Rosa se encontraba en el suelo, causándole lesiones de tal gravedad que, desgraciadamente, le provocaron la muerte".

Asimismo, también destaca la abogada de la familia del fallecido que el pasado 10 de julio de 2024, "el mismo presunto homicida atacó igualmente a don Juan da Rosa, de forma salvaje y en presencia de varios testigos, causándole graves lesiones". Por tales hechos, se interpuso la correspondiente denuncia penal y se solicitó la adopción de medidas cautelares de protección, "incluida la orden de alejamiento, que lamentablemente no fue acordada por el juzgado competente encargado de conocer de dicho procedimiento", recuerdan.

Por estas lesiones, estaba señalado un juicio rápido para mañana martes, 3 de junio de 2025, "fecha en la que don Juan da Rosa iba a ejercer la acusación particular en defensa de sus derechos, pero que ha llegado demasiado tarde para él", remarca la representación legal de su familia.

"A ello se suma la dolorosa circunstancia de que, desde el día en que sucedieron los hechos, a través de redes sociales y de algunos medios de comunicación, se han difundido vídeos y fotografías de extrema crudeza que han causado un enorme daño emocional a los familiares y amigos del fallecido. Estas publicaciones, además de vulnerar el derecho a la intimidad y a la propia imagen del fallecido y de sus seres queridos, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, constituyen una intromisión ilegítima que agrava el sufrimiento de los familiares, quienes no solo deben afrontar la pérdida irreparable de su ser querido, sino también la humillación de ver divulgadas imágenes que atentan contra la dignidad de la persona y el respeto que merece quien ha sido víctima de un ataque tan atroz", resaltan.

"Confiamos en que la instrucción judicial en curso permitirá esclarecer plenamente los hechos y depurar las responsabilidades penales y civiles que correspondan por este atroz homicidio, reiterando que en modo alguno se trató de una pelea ni de una reyerta, sino de un ataque brutal, unilateral y cobarde", añaden. Asimismo, confían en que "se adopten las medidas necesarias para evitar la difusión de imágenes que, lejos de informar, solo contribuyen a aumentar el dolor de los familiares y amigos de la víctima y a vulnerar sus derechos fundamentales. Todo ello, en estricto respeto al derecho de defensa y a las garantías procesales consagradas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el artículo 24 de la Constitución Española". Finalmente adelantan que, "por respeto a las actuaciones judiciales y a los derechos de todas las partes, nos reservamos el derecho a ampliar la información conforme avance el procedimiento y se obtengan nuevos elementos que permitan esclarecer la verdad".