Ponferrada y la Diputación se enzarzan por el acceso a Carracedo de Compludo y hay amenaza de pleito

El Ayuntamiento de Ponferrada valora acudir a los tribunales para obligar a la Diputación de León a que se haga cargo del único acceso a Carracedo de Compludo, cortado desde hace días por riesgo de desbordamiento y, por consiguiente, en una situación total de aislamiento. El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, denunció «la dejadez de funciones» de la institución provincial y aseguró que los vecinos «se están jugando la vida», además de que el único menor del pueblo no puede ir a colegio porque ya no sube el taxi a la demanda.

Una crítica directa a la que el diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, respondió asegurando que la competencia es del Ayuntamiento de Ponferrada y acusó a Alonso de utilizar a la Diputación para «camuflar la falta de inversión del Consistorio en sus propias infraestructuras». «E contradictorio que el concejal de Medio Rural califique la situación de recurrente y aluda a problemas que persisten desde 2017 sin que el Ayuntamiento haya ejecutado en casi una década las obras estructurales necesarias», criticó también Aller.

Unas declaraciones, las del diputado, que hicieron estallar a Alonso, quien tachó al leonesista de «incompetente» y consideró que ya debía haber sido cesado hace tiempo por el presidente de la Diputación porque «está al frente de un área que le viene grande». El bercianista insistió en que «hay un compromiso incumplido» de la institución provincial y que ella es la competente porque «las carreteras de pueblos con un único acceso deben pertenecer a la Diputación», dijo.

«Perdieron con Posada de Valdeón y, si siguen por estos derroteros, nosotros haremos lo mismo. Son ya muchos años de mociones, oficios, requerimientos y entrevistas personales con el diputado y el presidente», afirmó Iván Alonso, asegurado que el pleito que ahora se pone sobre la mesa es «algo hablado en el seno del equipo de gobierno».

Por su parte, Aller se mostró abierto al diálogo «siempre que este atienda a criterios técnicos» y afirma que no aceptará «presiones basadas en amenazas de pleitos".