Fiscalía pide 5 años para el expresidente de AMBI por acoso laboral
El investigado habría mantenido entre enero de 2008 y enero de 2018 un sistema por el que determinados empleados debían devolver parte del salario
Uno de los usuarios del programa de transporte de Ambi. DL
La Fiscalía del Área de Ponferrada solicita cinco años de prisión para quien fuera presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Bierzo (AMBI), al que acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de acoso sexual.
Según el escrito de acusación provisional remitido por la Fiscalía, el investigado habría mantenido entre enero de 2008 y enero de 2018 un sistema por el que determinados empleados debían devolver parte del salario que habían percibido.
El Ministerio Público sostiene que la práctica afectaba especialmente a trabajadores a jornada completa, que cobraban más de 1.200 euros netos y a empleados a media jornada con ingresos superiores a 600 euros.
Asimismo, señala que las cantidades se recuperaban mediante salarios entregados en sobres con parte del dinero previamente retirado o a través de reintegros en efectivo que los trabajadores debían depositar en las oficinas de la empresa para el acusado o personas de su confianza.
La acusación recoge distintos trabajadores afectados y sitúa en 84.792 euros la responsabilidad civil global reclamada por salarios no percibidos e indemnizaciones.
Acoso sexual
El segundo delito al que se refiere el escrito de Fiscalía hace referencia a una trabajadora, a la que el acusado habría intentado mantener una relación sentimental y que, ante su negativa, decidió no renovarle el contrato y le comunicó que ambos hechos estaban vinculados.
La trabajadora presentó una denuncia ante la Policía a finales de diciembre de 2017.
Peticiones de pena
Por este delito, el Ministerio Público solicita 14 meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, además del pago de las costas.
Para el delito contra los derechos de los trabajadores pide cinco años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo y una multa de doce meses con la misma cuota diaria.
Además, reclama que el acusado y las entidades mercantiles consideradas responsables civiles subsidiarias abonen solidariamente 84.792 euros a los perjudicados, de los que 15.000 corresponden a los daños morales que Fiscalía atribuye a la trabajadora que denunció el supuesto acoso.
El juicio está señalado para los días 6 y 7 de octubre de 2026 en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.