Antracitas de Arlanza lleva al juzgado a González y a su equipo por paralizarle un cielo abierto
Una firma minera denuncia al anterior gobierno de Bembibre por prevaricación
La compañía cree que los gestores municipales sólo han tenido en cuenta la oposición vecinal
La negativa a conceder una licencia de explotación al cielo abierto de Arlanza -pese a los informes técnicos favorables- y el silencio ante el recurso interpuesto a dicha negativa, son las actuaciones que para los representantes de la empresa minera Antractitas de Arlanza puede ser constitutivos de una prevaricación administrativa por parte del ex-equipo de gobierno de Bembibre, que encabezaba el popular Jaime González. La falta de un año sin respuesta al recurso por la denegación de la licencia es el principal motivo que se aduce la empresa para justificar la denuncia por vía penal que ha presentado contra cinco de los miembros de la anterior comisión de gobierno. Según los representantes de la empresa, «una respuesta negativa, aun siendo injustificada, tiene como paso siguiente la posibilidad de acudir al tribunal de lo contencioso-administrativo de Valladolid, en el que se prodr¡a solicitar la impugnación de la negativa. Pero no tener ninguna respuesta no nos permite continuar la vía administrativa y esto ocasiona un daño irreparable, por lo que se decide acudir a la ví penal». Los representantes de Antracitas de Arlanza entienden que el Ayuntamiento de Bembibre, a través de los miembros de su comisión de gobierno han incurrido en prevaricación dictando una resolución injusta. Y ya se han incohado unas diligencias previas en los juzgados de Ponferrada con las citaciones del ex-regidor, Jaime Gonzalez Arias, de Juan José González, Daniel Esteban, Francisco Uría y José Antonio Rey. A juicio de Antracitas de Arlanza la única intención de todos ellos fue no contrariar a las voces populares que se oponen a la explotación, cuando legalmente tienen todos los informes favorables para que se les otorgue la licencia. Según consta en la denuncia, la negativa solo se basaba en un error administrativo sobre la ubicación exacta de la explotación. Además también se hace alusión a como el Ayuntamiento ha estado «sirviéndose de artimañas ilegales, inventando trámites inexistentes» para evitar que salga adelante el proyecto de extracción de carbón en el entorno de las localidades de Arlanza y Losada.