Armi culpa a la consultora GPI de los problemas con el gasto de las ayudas

La decisión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de reclamar a la Asociación Regional de Municipios Mineros (Armi) que devuelva a las arcas del Estado 328.000 euros, gastados de manera indebida o irregular del paquete de fondos europeos concedidos entre 1998 y 2000 para las cuencas del carbón, no parece haber creado gran desasosiego entre los alcaldes asociados. Preocupación sí existe, aunque todos los consultados por este diario dicen sentirse tranquilos porque están seguros de que nadie se ha llevado el dinero, ni se ha enriquecido ilícitamente con estas subvenciones. El presidente de Armi, Laudino García, que fue uno de los que estaba al frente de la asociación cuando se gastaron estas ayudas que ahora les reclama el Estado, no regresará de Argentina hasta el 14 de enero. En su puesto al frente de Armi se encuentra ahora el vicepresidente y alcalde de La Robla, el también socialista José Luis García. Éste aseguraba ayer que la culpa de toda esta situación incómoda es de la consultora GPI. José Luis García, que heredó este estado de cuentas de una gestión anterior, dijo que la citada firma cobró entre 120.000 y 132.000 euros (entre 20 y 22 millones de pesetas) por realizar su trabajo de asesoramiento. «La consultora GPI tenía que haber avisado a los alcaldes que gestionaban Armi de que estaban haciendo algo mal, y decirles cómo debían actuar para evitar lo que ahora ha pasado con la reclamación del Ministerio de las ayudas gastadas; para eso cobraba la consultora, y está claro que no hizo bien su trabajo, porque no alertó a la dirección de Armi de posibles anomalías en el gasto de las subvenciones», explicitó el actual vicepresidente de Armi. Desde la dirección de esta asociación se ha querido tranquilizar a los alcaldes de municipios mineros porque, de momento, la situación no causará revés a la gestión y a las arcas de la entidad. La decisión de acudir a la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo alberga nuevas esperanzas para que a Armi le sigan reduciendo la cifra de dinero que le reclama el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Armi esperará a que se pronuncie el Supremo, y cuando lo haga procederán contra la consultora GPI, a la que responsabilizan de todo. Los alcaldes mineros, y el propio vicepresidente de Armi, admitían ayer que pudo haber pequeñas irregularidades a la hora de cubrir las vacantes de los cursos de formación con personas de más de 20 años, algo que incumple la normativa de las ayudas, pero entiende que sería una «misión imposible» para los alcaldes controlar la edad de mil jóvenes que siguieron esta formación. José Luis García también dice no entender cómo el Ministerio les reconoce y se hace cargo del 75% de las dietas que la asociación de municipios mineros pasó, y no así del 25% restante, sin diferenciar tipo de dietas. Esto supone que Armi debería devolver a las arcas del Estado unos 25.000 euros, de los 100.000 computados en dietas.