La pedánea pide a tres instituciones amparo contra la ocupación de suelo

La presidenta de la Junta Vecinal de Cortiguera (Cabañas), Ángela Núñez, ha solicitado el amparo de tres instituciones diferentes para que participen activamente en la defensa de los terrenos, caminos y cauces de utilidad pública afectados por la polémica construcción de un cierre de fincas ejecutados por parte de un particular en la que «se ha invadido una cantidad importante» de suelo perteneciente a la pedanía. Los escritos, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, fueron registrados el pasado 26 de julio ante la Confederación Hidrográfica del Norte, el Procurador del Común de Castilla y León y la Delegación Territorial de la Junta en León. Ángela Núñez, convencida de que hay un trasfondo político en esta «operación consentida» por la Alcaldía, advierte que ya ha puesto el asunto en manos de sus asesores jurídicos puesto que se trata de una «auténtica estafa al pueblo de Cortiguera». La pedánea, en representación de los derechos de sus vecinos, exige la anulación del acuerdo municipal que aprobó la solicitud de la licencia presentada por un particular para cerrar perimetralmente seis parcelas del denominado polígono 32 de Cortiguera, exigencia que ya tradujo en un recurso de reposición, registrado en el Ayuntamiento el 28 de noviembre del 2005 y en el que pedía que se dejara sin efecto el acuerdo alcanzado en la Junta de Gobierno. «El recurso se ha obviado», denunció. Según consta en la documentación, la concesión de la licencia se adoptó sin «los previos y preceptivos informes» de Concentración Parcelaria y de Confederación. Se subraya que a pesar de que fue indicado por el secretario municipal, no se dio cumplimiento a la legalidad. Asimismo, el hecho de que el cierre de las parcelas invada terrenos de la Junta Vecinal tendría que ser motivo suficiente para que el Ayuntamiento denegase licencias urbanísticas de bienes de dominio público, según recoge el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.