Los críticos del plan de urbanismo anticipan su vulnerabilidad judicial Los arquitectos piden protección para una treintena de espacios

El principal colectivo crítico con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la plataforma Salvemos Ponferrada, cargó ayer de nuevo contra el último documento aprobado por el equipo de gobierno. Los representantes de la plataforma echaron mano de las alegaciones presentadas por el Colegio de Arquitectos -a las que se han adherido- para advertir al ejecutivo Riesco que el proyecto puede ser demolido judicialmente por cualquiera que así lo desee. El portavoz, Ricardo Fernández, tachó de «abusivo» el incremento de viviendas que se fija en el último documento sometido a información pública y puso en tela de juicio, siempre con los criterios de los arquitectos sobre la mesa, la ratios de habitantes por vivienda que se han empleado para definir las dotaciones de suelo público o de equipamientos generales. «Se está usurpando suelo público en beneficio de las constructora», significó. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Alberto Zapico, fue más contundente. Primero remarcó que los estudios de los arquitectos demuestran que la propuesta del PGOU «no se ajusta a la legalidad» y comparó lo que puede ocurrir con el plan de Ponferrada con el varapalo que sufrió en su momento el desarrollo del barrio de La Rosaleda. En una clara advertencia a los promotores del proyecto, Zapico añadió: «Esta revisión del plan va ser difícil llevarla adelante porque cualquier ciudadano puede llevarla ante los tribunales». Y ya anticipó su resultado, «en dos o tres años», el Ayuntamiento se puede encontrar con que todo el planeamiento es ilegal. «Cabe esperar», señaló en el papel de hombre conciliador, «que la razón prenda en el gobierno municipal y se rectifique». Aunque mostró su esperanza de que en último término las administraciones superiores, como la Junta, no den su plácet a un plan de urbanismo como el actual. Perversidad Con casi la misma contundencia se expresó el representante de ACD, Antonio García Regueiro, en la plataforma. Primero catalogó de «triquiñuelas» las cifras de habitantes por vivienda que se recogen en la revisión para justificar las dotaciones de espacios libres públicos y de equipamientos del sistema general. Y al hilo de esta aseveración, concluyó: «Es un plan ilegal en lo que afecta a la ciudadanía, espacios libres y equipamientos». También el bercianista Iván Alonso y el coordinador local de IU, Alfredo Rodríguez, redundaron en estas apreciaciones, siempre en la órbita de las argumentaciones del Colegio de Arquitectos. Todos ellos pusieron el acento en un párrafo de las alegaciones colegiales, que recoge que «la apuesta del plan es (...) esencialmente perversa». Entre las vasta documentación del Colegio de Arquitectos, en la alegación presentada a la última revisión del PGOU se propone también la incorporación a los catálogos de protección del futruro plan de una treintena de espacios o edificios. Desde el Camino de Santiago, pasando por los canales hidráulicos de Las Médulas, el antiguo matadero del Puente Boeza, el puente de la carretera de Los Barrios, el palacete Valdés, la fábrica de curtidos de Matinot; el conjunto de la fábrica de la luz de MSP, Compostilla I, el intercambiador y los talleres de Renfe en La Placa, la fábrica de briquetas, los apeaderos de la MSP y las edificaciones del parque del Temple. Sugiere estudios de los poblados de Confederación, Endesa, MSP, Bárcena, Fuentesnuevas; de las viviendas obreras de Navaliegos y Santas Martas, de Ciudad Jardín o del poblado del Mopu, además de la atención a sendas verdes.