Los partidos minoritarios y la Federación de Vecinos creen que es un ejemplo claro de prevaricación

Zapico asegura que la querella contra Pongesur no tiene motivación política

Llevará el asunto el mismo abogado que denunció a UFC por un caso similar en Boadilla (Madrid)

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Vanessa Silván - ponferrada
Ponferrada

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El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Alberto Zapico, aseguró ayer que la querella presentada por la organización que dirige junto a los partidos minoritarios IU, PB, MASS y ACD contra Pongesur S.A. no tiene ninguna motivación electoral ni política. Zapico, que ejerció de portavoz de los querellantes, señaló que relacionar esta denuncia con una trama de partidos, empresarios y medios, como hizo el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, «no tiene sentido». El representante de los vecinos explicó que tuvieron conocimiento de esta situación cuando trascendió a los medios el informe de la Seguridad Social de la promotora UFC, perteneciente al grupo Begar, y que recogía que esta empresa no estaba al día con sus obligaciones con la tesorería en relación a un caso similar en Boadilla del Monte (Madrid). Así, se pusieron en contacto con el abogado que llevaba el caso, y que es el que ahora les representa, para estudiar la situación de los terrenos adjudicados a UFC en Ponferrada. Según los partidos minoritarios y la Federación de Vecinos se trata de un claro ejemplo de prevaricación, al adjudicar unos terrenos a una empresa que no figuraba en la Seguridad Social, requisito principal que tiene que exigir Pongesur. Ante esta situación, Zapico cree que es lamentable esa discriminación por parte del alcalde. «Que se sea tan exigente y tan duro con las pequeñas asociaciones para recibir cualquier subvención -dijo- y que se sea tan transigente con una gran empresa en una operación de millones». Zapico explicó que si finalmente se dictara sentencia condenatoria la primera medida sería la inhabilitación para cargo público a todos los miembros del consejo de administración de Pongesur, que preside el alcalde Carlos López Riesco, y que aprobaron la adjudicación de los terrenos a UFC en el año 2002 , en su opinión, sin tener en cuenta el certificado de la Seguridad Social.

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