Un embarazo conmocionador

La mañana del pasado lunes 22 nadie quería saber nada del asunto en el Hospital del Bierzo. Corría el rumor desde hacía ya algunos días de que una pequeña de 11 años había dado a luz. Pero lo cierto es que la niña en cuestión había ingresado en Pediatría el martes día 16 con unos síntomas poco comunes que rápidamente obligaron a remitirla a los especialistas en Ginecología del principal centro asistencial de la comarca. La noticia difundida por este periódico el martes 23 conmocionó no sólo a la sociedad ponferradina. Rápidamente se convirtió en el centro de debate de las tertulias informativas más circunspectas y también de los programas televisivos más frívolos de la parrilla mediática. Pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha bastante antes. La Fiscalía de Menores de León tuvo conocimiento de los hechos el jueves día 18 y el caso pasó a ser instruido por la juez titular de la sala de Primera Instancia número 2 de Ponferrada. Sólo veinticuatro horas más tarde, la Fiscalía de Menores ya había solicitado al mencionado juzgado ponferradino la práctica de pruebas, de ADN incluidas, para esclarecer una de las circunstancias claves del espeluznante sucedo. La autoría del abuso sexual. Y es que al tratarse de una menor de 13 años, la niña no tendría edad legal para manifestar en ningún caso su consentimiento de la relación. Mientras los especialistas del Hospital del Bierzo barajaban el tipo de intervención más adecuada y legal para evitar complicaciones irreversibles en la salud de la niña, la investigación se centraba en conocer si el responsable del embarazo es un menor de 13 años o no. Probablemente en el círculo consanguíneo más cercano En el primer supuesto, de tratarse de un menor de 13 años, el asunto pasará a manos de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Si el autor hubiese cumplido los 14, como también se ha especulado ante la lógica confidencialidad de un caso de estas características, entraría en juego la responsabilidad penal a través de la aplicación de la Ley del Menor. Mientras algunos especialistas como el pediatra Jesús García Pérez, presidente de la Asociación contra el Maltrato Infantil y uno de los especialistas del país que ha intervenido más casos de menores embarazadas, recomendaba el aborto terapéutico porque el cuerpo de niña de 11 años no estaría preparada para gestar y dar a luz y los riesgos de mortandad aumentaría entre un 50 y un 60 por ciento. Desde otro punto de vista, la Red Madre se postulaba en contra del aborto porque podría dejar marcada a la niña y ofrecía su apoyo a la menor y su familia. Con algunas televisiones nacionales peinando los colegios de Ponferrada en busca de información, la Fiscalía de Menores y la de la Audiencia Provincial de León se vio obligada a advertir a los medios de que intervendrán para proteger el derecho a la intimidad de la menor en caso de que se difundiera alguna información sobre su identidad. Los fiscales recordaron a los medios de comunicación que el Ministerio Público está facultado para intervenir si se produjera una intromisión en la intimidad de la niña y se adoptarían las medidas correspondientes para solicitar las indemnizaciones que procedan por los posibles daños causados. Además de resaltar que el juzgado de instrucción había declarado el secreto de sumario, los fiscales recordaban que un asunto como el de la niña embarazada «tienen una protección reforzada en cuanto a su tratamiento informativo». La nota de los fiscales, remitida por correo electrónico a todos los medios, revelaba sin embargo un dato que había permanecido oculto hasta entonces al referirse a «la menor de Bembibre». Los centros escolares de la capital del Bierzo Alto, sin embargo, no sufrieron la misma presión mediática, sin embargo. Quizá, la nota de la Fiscalía lograba finalmente enfriar la avidez por saber más del caso.