La Junta tramita ocho denuncias por violar la ley antitabaco en Ponferrada
La Junta de Castilla y León ha admitido las ocho denuncias presentadas por el Partido de los No fumadores que afectan a locales de Ponferrada. Es el Ejecutivo autonómico el encargado de velar por el cumplimiento de la ley antitabaco del Ministerio de Sanidad, que tras realizar la inspección oportuna decidirá sancionar o no a los locales que han violado esta ley. La presidenta del Partido de los No Fumadores, Ana Benria, asegura que, a pesar de que son las comunidades autónomas las encargadas de sancionar, «casi todas utilizan la normativa como arma política y de momento no tenemos constancia de que en Castilla y León se haya impuesto alguna sanción por el incumplimiento de esta ley». En concreto, las ocho denuncias de establecimientos de Ponferrada que han llegado a la Consejería de Sanidad hacen referencia a un espacio sociosanitario, a dos cafeterías, una librería, dos bares, un centro comercial y una tienda. Benria comenta que en los bares, por ejemplo, de los centros comerciales «es inviable habilitar un espacio para fumadores porque todo el recinto depende de un sistema de ventilación centralizado y la normativa exige que el local para los fumadores debe tener un sistema individualizado» y también señala que en el caso de los centros sociosanitarios, por regla general, las denuncias llegan al partido porque «son los propios sanitarios o los que visitan a los pacientes los que vulneran la ley». La inspección autonómica Desde la Junta de Castilla y León se apunta que los controles de inspección se realizan por dos vías. La primera, que hace referencia a las inspecciones generales que realiza la comunidad autónoma para el cumplimiento de la normativa y, en segundo término, las que realizan cuando ha sido denunciado un caso concreto. En este último caso, son los técnicos autonómicos los que deciden, una vez realizada la investigación pertinente, si es necesario sancionar o no al local. El Partido de los No Fumadores presenta las denuncias en las administraciones pertinentes tras realizar sus propias investigaciones y tras recibir las quejas de los vecinos. Desde julio del año pasado, cuando comenzaron a presentar las denuncias, ya han presentado más de 1.5000 en todo el territorio nacional.