También se incluye al alcalde de Carucedo por un supuesto delito de prevaricación por omisión
El fiscal de Medio Ambiente presenta una querella criminal contra Catisa
La cantera de Las Médulas incurre en un presunto delito ecológico, según cuatro informes
redacción
El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de León ha presentado hace dos semanas una querella criminal contra la empresa Canteras Industriales del Bierzo Sociedad Anónima (Catisa), a la que se responsabiliza de un supuesto delito contra el medio ambiente por la explotación de una cantera en el paraje protegido de Las Médulas, tras haber recibido una denuncia a raíz de la cual adoptó la determinación de actuar de oficio, según informaron fuentes judiciales.
La querella incluye también al alcalde de Carucedo, Clemades Rodríguez, al que se considera posible autor de un supuesto delito de prevaricación por omisión, al entender que la concesión de las licencias de obra que se han expedido es ilegal, aunque en este caso, se considera que la actuación del regidor podría no tener intención delictiva directa sino que en realidad dejó de proceder en los términos en los que la ley lo exige.
La documentación obra ya en poder del juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Ponferrada, que ahora deberá examinarla y decidir si admite a trámite la querella o si la rechaza. En caso positivo, el titular del juzgado incoará diligencias previas y abrirá una fase de instrucción finalizada la cual sólo se podrá archivar el caso, en el supuesto de que no se aprecie la existencia de los delitos denunciados, o transformarlo en un procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de un juicio oral.
Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la querella ha sido presentada hace al menos dos semanas en el órgano mencionado y ahora el caso está a la espera de una resolución al respecto.
Junta y Seprona ven delito
Al menos cuatro informes avalan las tesis que defiende el fiscal de Medio Ambiente. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), los servicios territoriales de Medio Ambiente y de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y el perito de sala de la Fiscalía de Medio Ambiente aprecian que existe delito.