El PSOE invita a los pacientes de larga espera a operarse con cargo a la Junta

Las procuradoras Ángela Marqués y Victorina Alonso volvieron a incidir ayer en la pésima situación de la sanidad en el Bierzo, especialmente en lo que a listas de espera se refiere. Las socialistas denunciaron que la reducción que se ha experimentado en los últimos meses en dichas listas no es real, sino que se debe a una estrategia para ellas clara. «Se están bloqueando las entradas para que parezca que el problema está solucionado. Ahora lo que hacen es no citar a los pacientes, no se están programando operaciones», apuntó Marqués.

El Hospital del Bierzo continúa a la cabeza de los peor parados. Es el centro que soporta mayor carga de pacientes en espera de operación y durante más tiempo, aseguran. De hecho, de los usuarios que esperan más de 181 días para ser intervenidos, más del 60 por ciento son bercianos. Un panorama para nada envidiable que ha encontrado, una vez más, la ofensiva del PSOE. Ahora ambas procuradoras animan a la población a que se valga de un decreto -”prácticamente desconocido-” aprobado por la Junta en el año 2008 y que permite a los usuarios acudir a un hospital privado con cargo a la Junta.

«Si pasado el tiempo de espera máxima, que es de 130 días, el paciente no ha sido llamado a operar ni se le ha ofertado la posibilidad de acudir a un hospital concertado, puede solicitar ser intervenido en un centro privado y será la Junta quien sufrague esa intervención», aseguró Victorina Alonso.

El procedimiento es sencillo. La Administración autonómica maneja unos baremos dependiendo del tipo de operación, es decir, tiene estipuladas cuantías determinadas para los casos concretos. Lo que el paciente debe hacer es solicitar en la Gerencia del hospital un documento que acredite cuándo entró en lista de espera y junto al baremo de la Junta -”que puede consultarse en la página web de la institución-” se dirige al hospital privado. Si el precio de la operación supera la cantidad concedida por el Gobierno autonómico, el paciente puede pagar con fondos propios lo que resta. Además, la Junta también tiene la obligación de costear el desplazamiento hasta el centro, tal y como aseguró Alonso.

«Es algo que existe y de lo que la Junta no da información», denunciaron las procuradoras con el apoyo del secretario del PSOE en Ponferrada, Aníbal Merayo, que anunció el inicio de una campaña de información con distintas asociaciones y colectivos para que «dejen de tratarnos como ciudadanos de tercera categoría».