El carbón
Silla baja josé álvarez de paz
Dice el presidente de Armi, razón no le falta, que la ausencia de planificación es el primer obstáculo al desarrollo de las comarcas mineras. Problema con difícil solución, pues existe un rechazo cultural a ese concepto, la mentalidad paternalista prefiere llevar las mejoras en mano como algo de su cosecha electoral, lejos de la planificación de control remoto impersonal. Así ocurre que mientras por un lado se proclama que el porvenir está en el turismo, en los servicios vinculados a la naturaleza, a la explotación del patrimonio minero en desuso o la red de rutas en bicicleta, nuevas vías de comunicación y servidumbre minera atraviesan los asentamientos rurales haciendo inviable el eterno proyecto del tren minero, ahora sometido a informe previo de viabilidad.
Planificación significa ordenación del territorio que evitaría, entre otras incongruencias, la atomización de los museos mineros, la mansa acogida a proyectos que deterioran más el hábitat minero en vez de preservar el aire limpio y priorizar el cierre de las heridas ambientales, esas trampas mortales para hombres y animales, las escombreras. Significa no seguir aplazando la agenda de población en una comunidad donde, entre el 2000 y el 2008, en 179 municipios no se produjo ningún nacimiento. Mientras el crecimiento negativo de la población es la norma, el crecimiento del empleo por debajo de la media nacional y el crecimiento industrial cero, las ayudas al carbón son sustitutivas y no adicionales, por lo que algunos buenos proyectos carecen de financiación.
Suponiendo que se hayan creado 427 empresas, más de trescientos empleos, no sabemos cuántas sobreviven, cual es su esperanza de vida y cuantas son un traslado de talleres a polígonos más que una creación, lo que nos daría una adecuada referencia para medir la productividad de los 1.718 millones de ayudas sembradas en un territorio desestructurado y en declive crónico.
El dato estimulante de la desulfuración y captura de CO2, las reservas de carbón y las palabras del ministro de industria, avalan la prórroga de la política ampliamente consensuada en la comisión de industria y energía del Parlamento Europeo en mayo de 1992.