La Ley de Vivienda contempla sanciones de hasta 90.000 euros para promotores

Hasta 90.000 euros, en el caso de infracciones de carácter muy grave, serán las sanciones que podrán imponerse a los promotores de vivienda, según recoge la nueva ley del sector, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno. Castilla y León avanza así en la tramitación de la que será su primera norma en materia de vivienda, que pasará a Cortes para obtener la aprobación definitiva.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, presentó ayer las líneas generales de la Ley de Vivienda de Castilla y León, que «compendia en un texto único toda la legislación y regulación en materia de vivienda en la comunidad». El consejero destacó que la norma es «fruto del consenso y del diálogo social de todos los agentes implicados en el sector»; y destacó que tiene vocación de permanencia. Sus líneas generales se basan en la presentación «ordenada y transparente» de las condiciones que permitan «estimular la promoción y rehabilitación de viviendas en general, y de las viviendas protegidas en particular».

Los objetivos. La normativa en edificación y promoción, la protección medioambiental y la defensa de los colectivos con menos recursos son algunos de los objetivos de esta norma, que entre sus novedades incluye un apartado (el Título VIII) sobre el régimen sancionador. «Este apartado recoge de forma completa las infracciones y sanciones en materia de vivienda. Se actualiza el catálogo de infracciones administrativas, así como los importes de las sanciones que pueden imponerse, y que pueden llegar hasta los 90.000 euros en el caso de infracciones muy graves».

Se trata, según el consejero, de un texto «completo y coherente» coordinará las diferentes normativas y dotará de «mayor seguridad jurídica» a los ciudadanos, según explicó el consejero de Fomento, Antonio Silván, que compareció al término de la reunión de consejeros.

Entre las novedades de esta nueva norma está la de la lucha contra el fraude, así como la obligación de que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes elaboren un plan de vivienda. Se trata de una ley «necesaria» para actualizar y ordenar la legislación, articular competencias recurrentes, coordinar la normativa relacionada y alcanzar un mercado inmobiliario ágil y transparente con reglas para los promotores y derechos para los compradores y arrendatarios. El proyecto de Ley será remitido a las Cortes para su tramitación y posterior aprobación.

Silván recordó que la Ley es una prioridad de la Junta, y garantiza los derechos y deberes de las personas y familias, la igualdad en el derecho a la vivienda protegida, la protección de los ciudadanos en la adquisición.