Los profesores serán autoridad pública y contarán con «presunción de veracidad»
La Fiscalía actuará de oficio contra las agresiones a partir del próximo curso.
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Antonio de Santiago-Juárez, ayer.
El anteproyecto de ley que permitirá que los profesores de la Comunidad cuenten con el rango de autoridad pública ya está en el horno. La Junta prevé que el texto entre antes de junio en las Cortes y que la norma esté en vigor en el siguiente curso.
El nuevo rango que ostentarán los docentes implica que las agresiones o intimidaciones graves hacia su persona estén tipificadas como «delitos contra la autoridad». Además, la Fiscalía perseguirá de oficio estas conductas delictivas y el profesor gozará de la «presunción de veracidad» en caso de versiones contradictorias.
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, aseguró que el Ejecutivo espera obtener el mayor consenso con los agentes sociales para la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado en Castilla y León, y anunció que el consejero de Educación, Juan José Mateos, se reunirá, la semana que viene, con sindicatos y grupos parlamentarios.
Mejorar la convivencia. El objetivo de otorgar la consideración de «autoridad pública» a los profesores no es otro que el de conceder una protección jurídica a los docentes que puedan ver amenazada su integridad física y, así, «dignificar y mejorar la convivencia en los centros». De Santiago Juárez, recordó que las agresiones contra el profesorado son «poco habituales y de escasa relevancia» en la Comunidad, pero que el nuevo rango «agravará considerablemente» las condenas por este tipo de actos.
Además, en caso de que en un litigio existan versiones contradictorias, los docentes contarán con la «presunción de veracidad» en sus informes y declaraciones frente a la de cualquier otro ciudadano.
Los delitos cometidos contra los docentes podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia. Esta nueva consideración significa reconocer explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera del recinto escolar.
La regulación normativa sobre autoridad del profesorado ya existe en Madrid, La Rioja, Galicia y Comunidad Valenciana y se está tramitando en Castilla-La Mancha y Aragón.