El exjefe de minas en Valladolid niega coacciones a empresas
La acusación pide seis años de prisión por varias imputaciones.
El exjefe de minas en Valladolid declara ante el tribunal que lo juzga.
El exjefe de la Sección de Minas de la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, Maurilio Parrado Castro, negó haber coaccionado a empresas del sector y aseguró que siempre compatibilizó «escrupulosamente» su cargo como funcionario de la administración autonómica con su actividad empresarial privada, matizando que ésta nunca estuvo relacionada con asuntos o empresas de la provincia de Valladolid.
En su declaración, que centró la mayor parte de la primera jornada del juicio que ayer arrancó en la Audiencia Provincial y el que también figura como acusado un hermano, Maurilio Parrado insistió que como exjefe de la Sección de Minas, puesto que ocupó de forma interina en varios periodos entre los años 2000 y 2004, no tuvo capacidad para coaccionar a ningún empresario, dado que sus competencias se reducían a la gestión y a la inspección en materia de seguridad. Durante el interrogatorio del fiscal, el exjefe de Minas, aseguró que el contrato por el que Julio César Valle, representante de la empresa ‘Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico’, vendió a su hermano Amado Parrado participaciones de esta sociedad, es falso. Según la acusación pública, a pesar de la que las participaciones estaban valoradas en más de 5.600 euros, Amado Parrado no abonó ninguna cantidad. A su vez, el acusado reconoció que la única relación que mantuvo con Julio César Valle estaba relacionada con la organización de cursos sobre evaluación de impacto ambiental que promovía el Colegio de Ingenieros de Minas, «cursos que también se hicieron con la colaboración de otras empresas».
El acusado, representante en Valladolid del Colegio de Ingenieros de Minas, también reconoció que en un local de su propiedad tenía su sede una empresa de asesoramiento a la minería constituida por su mujer como socia única y administradora, a pesar de no tener experiencia en el sector, y un despacho jurídico en el que trabajaba él junto a un socio. En este sentido, a preguntas del fiscal, reconoció que a pesar de terminar la carrera de Derecho en el año 2000 y de no estar colegiado en esos años, nunca participó en ningún procedimiento judicial.
Maurilio Parrado, que también respondió a las preguntas del letrado de la Junta de Castilla y León y de las acusaciones particulares, resaltó en su declaración que ha sido absuelto de dos expedientes disciplinarios abiertos por la Junta e insistió que las licencias de explotación es un trámite que depende del Servicio Territorial de Industria, de la Consejería de Medio Ambiente y de los ayuntamientos. El fiscal pide para el acusado una condena de seis años de cárcel. Por un lado, está acusado de un delito continuado de cohecho, por el que solicita dos años de privación de libertad, seis de inhabilitación para empleo o cargo público y 30.000 euros de multa y, por otro, también se piden cuatro años de prisión, multa de 6.750 euros e inhabilitación por un delito de falsedad.