Nuevos pactos a la vista en la Comunidad
Opinión | pedro Vicente
Si el gran pacto de Estado contra la crisis propuesto por Rubalcaba no parece que vaya a llegar a puerto, en Castilla y León PP y PSOE siguen aproximando posiciones para alcanzar acuerdos de comunidad en torno al sostenimiento de los servicios públicos y la lucha contra el paro. Así se visualizó en la tarde de ayer en el hemiciclo de las Cortes, donde el portavoz socialista, Óscar López, convirtió una pregunta sobre las previsiones de la Junta sobre desempleo en toda una propuesta formal de pacto. «Hay una amplia demanda social de acuerdos y podemos abrir camino, haciendo un gran servicio a Castilla y León y de paso al resto de España», dijo López en defensa de esa propuesta, que se sustentaría en el suplemento presupuestario de que dispondrá la Junta una vez se fije el nuevo techo de déficit del 2013. Recuperar parte del gasto social (Sanidad, Educación, etc.) recortado en los dos últimos años y promover un nuevo plan de empleo serían los dos grandes objetivos. La respuesta del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, fue receptiva. «Nosotros siempre hemos apostado por el diálogo y los acuerdos, forma parte de nuestra cultura autonómica», contestó Herrera, reiterando su postura favorable a mantener un equilibrio entre las políticas de estabilidad presupuestaria y las de estímulos al crecimiento y la creación de empleo. De ello se desprende que la Junta y los socialistas han quedado emplazados a negociar. O mejor dicho a seguir negociando, ya que en estos momentos lo hacen sobre el modelo de financiación autonómica y acaban de cerrar un acuerdo sobre la reforma de la PAC. Un escenario de negociación que con toda seguridad incluirá el Proyecto de Ley que diseña el nuevo «modelo territorial» promovido por la Junta.
Lejos de la actitud conciliadora mantenida con López, a Herrera no le gustó nada la pregunta de Alejandro Valderas reprochando a la Junta el elevado número de sentencias judiciales contrarias que recibe y menos aún que el leonesista dejará caer el dato de que en Castilla y León hay abiertos 70 procedimientos judiciales por presuntos casos de corrupción. «La referencia a los casos de corrupción es inadmisible viniendo de usted, mire primero en su caso», replicó indignado el presidente de la Junta, quién por otro lado aseguró que la tasa de litigiosidad de la Administración Autonómica está por debajo de la media.
Hasta cuatro preguntas de otros tantos procuradores socialistas tuvo que responder ayer Antonio Silván, una de ellas de Fernández Cardo, con el que protagonizó un duelo de leoneses que se está convirtiendo en un clásico de cada sesión parlamentaria. Aunque ayer la cosa iba sobre la implantación de la banda ancha, Cardo acabó pidiendo al consejero que se implique en el problema de Antibióticos.
El procurador de IU, José María González, suscitó el problema de las participaciones preferentes, que hoy será objeto de una proposición socialista que pide a la Junta que cree una oficina de información y atención a los afectados. A tenor de lo contestado por el consejero de Economía no parece que dicha oficina se vaya a crear. Tomás Villanueva remitió a los afectados a las 34 oficinas y a las 10 juntas arbitrales de que dispone la Junta en materia de consumo. O si lo prefieren a los servicios de reclamaciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y además recomendó no generar «más drama del que ya hay».