La Junta tira de historia y talonario para zanjar el conflicto con Treviño
Destaca la vinculación con Burgos y recuerda 55 millones de euros de inversión.
Juárez y Alicia García durante la rueda de prensa posterior al Consejo, ayer en Valladolid.
El camino hacia la segregación de Castilla y León iniciado por segunda vez en quince años por los ayuntamientos burgaleses del Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón era la crónica de una muerte anunciada. Ayer, tanto la Junta como la Diputación Provincial, pusieron el punto y final a la historia.
A petición de la Consejería de la Presidencia, el Consejo de Gobierno informó desfavorablemente la petición formulada por acuerdo plenario de ambos municipios en marzo. El Ejecutivo autonómico ha tirado de historia, de realidades objetivas y de chequera –recordando los 55 millones de euros invertidos en los últimos doce años en el enclave– para justificar las «indiscutibles vinculaciones» de Treviño con la provincia de Burgos.
La Diputación de Burgos, en un pleno extraordinario, rechazó también ayer, con el voto a favor de PP y PSOE y en contra de la única diputada de UPyD, el mismo planteamiento secesionista, con diversos informes en la mano. El portavoz del equipo de Gobierno provincial (PP) Borja Suárez, afirmó que los habitantes de Treviño «no están desamparados, sino doblemente amparados», ya que reciben servicios de Castilla y León y del País Vasco, informa Europa Press.
Mandato estatutario
En ese argumento incidió también el portavoz de la Junta que, acatando el Estatuto de Autonomía, ha esgrimido las vinculaciones de Treviño con la Comunidad desde varios puntos de vista: histórico, cultural, social y económico.
En estos dos últimos recae buena parte del peso del informe. Aduce, por ejemplo, que el Gobierno de Juan Vicente Herrera ha invertido 54,9 millones en el enclave entre 2000 y 2012, y ello pese a los últimos seis años de recesión. «Son 27.501 euros de gasto por habitante», señaló De Santiago-Juárez, y ello sin contar el desembolso en servicios esenciales básicos.
Porque el coste del mantenimiento de consultorios o escuelas también lo asume Castilla y León. Y con nota. El informe precisa la calificación que obtiene la Junta por la prestación de la Sanidad, la Educación o la Dependencia, según organismos independientes (Barómetro Sanitario, Pisa o la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales). «Y tenemos mejor nota que el País Vasco en los tres», remachó el portavoz.
No obstante, según recordó, de acuerdo con su política de cooperación con las autonomías limítrofes, sigue en vigor el acuerdo firmado entre la Junta y el Gobierno vasco hace un año y medio para mejorar la prestación de servicios en zonas limítrofes.
El informe del Ejecutivo de Herrera se remonta al siglo XI para avalar el arraigo histórico del condado a Burgos y constata que el castellano nace como idioma «en el seno de su realidad geográfica» y «no viene impuesto».
Por último, cita la consideración especial que tendrá en la futura Ley de Ordenación del territorio, respetando su «especificidad».