La Junta comunica al Ministerio que no aplicará el copago hospitalario el día 1

Castilla y León no aplicará el copago de los fármacos de dispensación ambulatoria en hospitales el próximo 1 de octubre como prevé el Ministerio de Sanidad y así se lo ha comunicado a Ana Mato. Primero, porque como apuntó el consejero, Antonio Sáez, la Comunidad «no está en condiciones de aplicar esa medida por razones de gestión», y segundo, porque el titular de la cartera autonómica sanitaria ha mantenido contacto con otras comunidades y con el propio Ministerio para intentar frenar una normativa que considera «inadecuada en este momento».

«Deberíamos de parar a pensar qué efecto tiene esta resolución», recalcó Sáez, y es que en Castilla y León la repercusión en términos de ahorro de gasto público sería escasa, en torno a los 200.000 euros al año, según cálculos del consejero. La aportación de los pacientes será del 10% del precio de los medicamentos, con un máximo de 4,2 euros.

Aunque el titular de la cartera autonómica sanitaria reiteró que no le parece adecuada la medida del Ministerio y recalcó su petición a Ana Mato para que reconsidere la medida, la Junta cumplirá con la normativa estatal más pronto que tarde. «Prepararemos las cosas para cumplir la norma», aclaró Antonio Sáez, que quiere esperar a la celebración de la Comisión de Farmacia el próximo 1 de octubre y ver el planteamiento que allí se adopta.

La puesta en marcha de este copago obliga a la Junta a reformar el modelo de farmacia hospitalaria, que hasta ahora no factura ningún medicamento. Como aseveró el consejero, por el tipo de fármacos y las patologías a las que van destinadas, no va tener un efecto disuasorio. «La gente tiene que tratarse y debe seguir tomando esos medicamentos», afirmó.

Antonio Sáez recordó que, hace años, algunos de estos medicamentos se dispensaban en las oficinas de farmacia con receta y se decidió que los enfermos los retiraran en los hospitales para controlar mejor el tratamiento, puesto que algunos se suministran en dosis individualizadas, y adquirirlos de forma agregada, lo que permite a la Consejería comprarlos a precios más bajos.

Pese a que la Junta está buscando fórmulas para impedir que ese copago afecte a los pacientes y ha dejado la puerta abierta a asumir ese coste, la vía a seguir no está tan clara. Al tratarse de una normativa de obligado cumplimiento para las comunidades, reconoció que el camino es complicado para no infringirla.

La ministra explicó ayer en la sesión de control al Gobierno que todos los medicamentos de dispensación hospitalaria tienen una aportación reducida y señaló que algunos de esos fármacos cuestan hasta 43.000 euros, de los que los ciudadanos pagarán 4,2 euros.

Por su parte, la portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Mercedes Martín, comprometió su apoyo al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, contra la medida del Gobierno de implantar el copago, que le ha pedido que no se aplique en la Comunidad. Afirmó que decir que se está en contra «no es suficiente», por lo que indicó que Herrera «tiene que hacer algo más» y «dar una respuesta firme a los enfermos», a quienes deberá decir «que no se les cobrará» en Castilla y León.

En este sentido, se ha referido a las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios socialista y popular sobre esta cuestión, asegurando que el PSOE suscribe la del PP a la hora de instar al Gobierno de la nación a replantearse la medida.

No obstante, según Martín, si el Gobierno no rectifica, la Junta debe plantearse la interposición de los recursos administrativos oportunos, como ya han anunciado que harán Andalucía y País Vasco.