La Junta acudirá por primera vez al Congreso para enmendar la reforma local

El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera dio ayer un paso más en su ofensiva para forzar al Gabinete de Mariano Rajoy a «corregir» artículos clave de la reforma local. En un acuerdo inédito, el Consejo de Gobierno decidió canalizar todos los peros al proyecto de ley vía «propuesta de enmiendas», que ya tienen en su poder los grupos Popular, Socialista e Izquierda Plural de Congreso y Senado.

La Junta argumenta que aplicar la reforma local de Montoro tendría una «importante incidencia» en Castilla y León desde una doble dimensión, «organizativa y económica». A esta última le pone cifras: 382 millones de gasto adicional cada año para las arcas autonómicas, algo que, según defendió el portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, contradice los «principios rectores y el sentido común» de una ley llamada de racionalización y sostenibilidad [de la administración local].

El Gobierno Herrera consuma otro intento más por frenar una reforma lesiva para los intereses de Castilla y León, después de utilizar otras vías como el «informe crítico» remitido al Gobierno, las conversaciones personales entre Herrera y Cristóbal Montoro, o la «posición de Comunidad» contraria a la reforma refrendada por las Cortes.

Sobre el recorrido y éxito final que pueda tener esta ofensiva parlamentaria, De Santiago-Juárez se declaró «optimista» ante la idea de que los Grupos puedan defender las enmiendas. «Nuestra obligación es intentarlo hasta el final», dijo.

Declinó manifestarse sobre la posibilidad de que el PPCyL pueda dar instrucciones a sus parlamentarios en el Congreso y el Senado, pero sí indicó que sería «más sensato» que el Gobierno acepte las enmiendas, en lugar de incrementar la financiación para compensar el sobrecoste por la aplicación de la reforma.

El grueso de las propuestas de modificación hace referencia al traspaso de competencias, previsto en el proyecto legislativo. No porque la Junta no quiera asumirlas –«El Gobierno de Castilla y León nunca ha tenido miedo a gestionar servicios», dijo el portavoz–, sino porque «es imposible hacerlo sin dinero», advirtió.

En materia sanitaria, la Junta plantea que la construcción, conservación y mantenimiento de consultorios locales siga en manos de los ayuntamientos o, en su defecto, que pueda ser delegada en ellos si lo contrario implica más gasto público. De hecho, el Ejecutivo autonómico avisa: hacerse cargo de esos servicios, en una Comunidad con 3.600 consultorios, cuesta 30 millones.

Algo similar ocurre con los Servicios Sociales. La reforma de Montoro obliga a la Junta a asumir la gestión de servicios de proximidad que hoy prestan los Ceas. Y eso, alerta el Gobierno Herrera, supone duplicar la plantilla de 1.500 empleados, ahora a cargo de diputaciones y ayuntamientos grandes, y presupuestar 51 millones más en el capítulo de personal.

No hay objeción por parte de la Junta a gestionar las residencias, pero el plazo de un año para reestructurar una red de 240 centros y 9.000 plazas lo ve inviable, y pide su ampliación a cinco. Sostenerla costaría 201 millones más, añadidos a los 226 millones de recursos públicos que consumen estas residencias. Sobre las competencias educativas, que según el proyecto de ley pasarán de los municipios a las autonomías cuando se modifique la Ley de Haciendas Locales o el modelo de financiación autonómica, la Junta realiza una «consideración», que no enmienda, a modo de advertencia: mantener las escuelas en los pueblos costará 100 millones.

Por último, solicita ampliar de los tres meses actuales hasta el 31 de diciembre de 2014 el plazo para que las entidades locales rindan cuentas.