La Junta pide al TSJ la suspensión del copago hospitalario para evitar «daños en la salud»
El recurso argumenta que el reglamento que debe entrar en vigor a lo largo del mes de enero tiene que paralizarse de forma urgente por no ajustarse a derecho y por su coste económico y sanitario.
El consejero Antonio María Sáez y la ministra Ana Mato, en una imagen de archivo.
Quien avisa no es traidor. El pasado martes, en presencia de la propia ministra de Sanidad, Ana Mato, de visita en Valladolid, el consejero del ramo en Castilla y_León, Antonio María Sáez, reiteró que el Gobierno de la Comunidad recurriría en los tribunales el copago hospitalario antes de fin de año. En efecto, ayer interpuso un demoledor recurso para que los jueces suspendan de manera urgente la aplicación de la medida impuesta por el Ejecutivo central. Su entrada en vigor está prevista a lo largo del mes de enero.
La petición de suspensión afectaría en todo el territorio nacional, aunque la Junta pide al tribunal que, de manera subsidiaria, se aplique tan sólo en Castilla y León.
El recurso, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicita la ejecución de una medida cautelarísima para impedir la ejecución de la resolución – con fecha del 10 de septiembre de 2013– por la que se arbitra el copago de medicamentos hospitalarios, una decisión que, desde el primer momento, tuvo en contra a la Junta, al entender que la padecerían pacientes crónicos con rentas bajas.
La medida cautelarísima es una figura de extraordinaria urgencia contenida en el artículo 135 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Obliga al tribunal a adoptar o denegar la petición en muy pocos días sin necesidad de convocar a las partes. Esta paralización no implica abordar el fondo del asunto recurrido, sino impedir efectos de difícil reparación en el futuro.
Tras recordar al tribunal que el Ministerio de Sanidad «a día de hoy no ha aclarado» las cuestiones técnicas «imprescindibles» para la implantación de ese copago, los letrados de la Junta justifican la petición urgente por la inmediatez de la puesta en funcionamiento, pero también por «la falta de certeza de su aplicación» en todas las comunidades autónomas, lo que llevaría a una clara desigualdad territorial.
Señalan, además, las diferencias que generará con los otros usuarios «por la arbitraria calificación que ha llevado a cabo el Ministerio de Sanidad entre los pacientes aquejados de patologías crónicas» y el perjuicio que ocasionará «tanto en su patrimonio como en su salud».
El recurso de la Junta invoca al tribunal que opte por la medida cautelarísima «siendo la salud de los pacientes crónicos el punto fundamental que debe orientar su decisión». Añade que la solicitud presentada trata de impedir la principal «interferencia» del copago: «Su influencia sobre los criterios de selección del médico, pues existe el riesgo en que este, en lugar de elegir el mejor fármaco opte, en función de la economía de cada paciente, elegir fármacos no tan buenos pero exentos de copago». Todo ello «con perjuicios difíciles de evaluar».
Una situación, recuerdan los letrados de la Junta, que afectaría a 8.345 pacientes en Castilla y León. El recurso adjunta de manera extensa un informe de la Dirección de Farmacia en el que se detallan casos de enfermos de hepatitis o renales y la repercusión de más de 300 euros al año, un peso muy excesivo en personas de rentas bajas.
La Junta estima, además, que este copago tiene un gasto de implantación de 12 millones de euros (un millón sólo en Castilla y_León) para unos ingresos potenciales de tres millones. Lo considera nulo de pleno derecho y que «quiebra el derecho de los ciudadanos» al proceder de una resolución que «invade» materias reservadas al rango de ley.