Fomento descentraliza las competencias en las delegaciones y órganos centrales

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j. a. | valladolid
León

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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente da por concluido el proceso de descentralización de competencias, que arrancó a mediados de 2012, para agilizar y simplificar los trámites administrativos. En un año y medio, ha establecido un nuevo reparto, que se caracteriza por desconcentrar atribuciones del titular del departamento en las direcciones generales y las delegaciones territoriales. Además, ha dado retoques a su ordenamiento jurídico con el objetivo de hacerlo más sencillo y accesible.

De esta forma, el departamento de Antonio Silván da un paso más en su estrategia de impulsar la «coordinación administrativa» para facilitar el avance de proyectos y de integrar los centros directivos de las antiguas consejerías de Fomento y Medio Ambiente. La creación de esta macroconsejería, respondía al interés de la Junta de agilizar la tramitación de expedientes y de convertirse en motor inversor por lo que se unieron seis direcciones generales, bajo la coordinación de una única secretaría.

Medidas de ahorro

Esta medida de gestión sigue la estela de la reforma de la administración autonómica, que la Junta de Castilla y León completará en el primer trimestre con un conjunto de 66 medidas y el ahorro de 38 millones, que se sumarán a los 265 millones acumulados hasta ahora.

Al inicio del mandato, Fomento puso en marcha una reorganización interna que actuó en la estructura institucional en dos vías, todo con el objetivo de adelgazar la estructura administrativa. Por un lado, estableció un sistema que le permitiera unificar, sistematizar y simplificar los criterios de actuación interna, ya que su estructura surgió de dos consejerías, con el objetivo de conseguir una mayor agilidad y eficacia. Por otro lado, diseñó un modelo de desconentración de competencias, incrementando las atribuciones de los órganos directivos centrales y las delegaciones territoriales.

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Estos cambios entran ahora en su recta final con un nueva distribución de materias, que también aclaran las competencias de cada órgano, con el fin de evitar duplicidades y trabas administrativas.