Escribano se defiende asegurando que todo el consejo aprobó sus retribuciones

«Sin mí Caja Segovia no hubiera durado ni diez minutos», dijo el ex director general de la desaparecida entidad, Manuel Escribano, que declaró como imputado en el ‘Caso de las prejubilaciones millonarias’.

Escribano dirigió Caja Segovia entre 1995 y 2011, cuando se prejubiló, con 54 años, con un salario, en el año 2009, de 874.000 euros anuales, que él mismo propuso rebajarse a 672.000 euros, «renunciando al 20% de su prejubilación de forma voluntaria», destacó ayer su defensa y el propio Escribano en su declaración.

Las condiciones de sus retribuciones figuraban en su contrato y fueron aprobadas «por unanimidad del Consejo de Administración», según declaró a preguntas del fiscal. El ex director precisó sus retribuciones de esta forma: un fijo al que se añadían ‘retribuciones variables en función de los beneficios’ que lograra la entidad, lo que también era aprobado por el consejo de Administración.

En el año 2010, cuando su sueldo bruto fue de 874.000 euros, «el sueldo medio de Caja Segovia era de 74.000 euros», señaló Escribano, que, en todo momento, defendió sus retribuciones «en la media de los sueldos de los directivos financieros de alta dirección en España». Según dijo, cobraban una media, en 2012, de 2.160.000 euros, siendo un centenar de directivos los que superaban un millón de euros.

Manuel Escribano justificó su ‘valía’ destacando la cuenta de resultados que generó desde su inicio como director general, llegando a recordar que en 2010, Caja Segovia «ganó más de 16 millones de euros». «¿Cómo explica que la Caja haya terminado desapareciendo y que en 2012 (al tiempo de la nacionalización) su valor fuera cero?», le preguntó el fiscal, a lo que Escribano respondió que no sabía.

Fue el cuarto declarante en dos días, tras presidente y vicepresidente del consejo de administración, Atilano Soto y Manuel Agudíez, y la secretaria del comité de retribuciones, Elena García Gil, que le precedió.

Escribano respondió casi tres horas a las preguntas del juez titular del juzgado nº 2, Jesús Marina Reig, que instruye el caso, a las de la fiscal y su defensa, pero se negó a responder a la acusación particular de UPyD, cuyo letrado, Andrés Herzog, afirmó al finalizar la mañana que siguen sin saber «por qué se aceleraron los planes de prejubilación y pensiones de una entidad que se sabía que iba a desaparecer». «Tampoco hemos podido saber qué beneficio proporcionaron estas decisiones a Caja Segovia, que desapareció, y ha dejado una Fundación al borde de la quiebra, habiendo repartido casi 33 millones de euros entre sus máximos directivos», insistió.

Escribano, que solo pronunció a la prensa un lacónico: «Estoy muy tranquilo, muchas gracias», en su declaración, subrayó el «daño moral, irreparable e irrecuperable», infligido a su persona «y familia», dijo, argumentando que, en Segovia se le quería, y tras este proceso ha perdido el prestigio que ha tenido y ha vendido hasta su casa segoviana.

Habló su letrado, Luis Martínez Ramos, que mostró su confianza en que el proceso concluya «ya». «Esta causa debería terminar como lo hizo la investigación fiscal por el asunto Segovia 21», manifestó.