El TSJ pide al Constitucional que aclare si el recorte de las pensiones vulnera derechos
Los jueces dudan de que sea constitucional dejar sin revalorización.
La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León en Burgos ha elevado una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en la que pide que se resuelva si el decreto que deja sin efecto la actualización de las pensiones para el ejercicio de 2012 vulnera los derechos que establece la Constitución.
En el auto de incidente de inconstitucionalidad, los magistrados de la Sala han atendido una demanda interpuesta ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que reclaman el derecho del actor y actores, reclamantes, a percibir la paga única compensatoria, derivada de la diferencia del 1%, con el que se calculó la revalorización, y el índice de precios acumulado entre noviembre de 2011 y el mismo mes de 2012, informa Ical.
Los magistrados exponen que la Constitución española garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos fundamentales individuales y señalan que sería objeto de «expropiación de los derechos de los perceptores de pensiones de seguridad por cuanto son un derecho económico incorporado al patrimonio de aquellos, aunque no haya sido abonado pero sí devengado».
Poder adquisitivo
En el auto se argumenta que cuando el trabajador pasa a la situación de jubilación y deja de ser un elemento activo del sistema para pasar a ser un elemento pasivo, se establece un mecanismo para que no pierda el poder adquisitivo de la pensión que tiene derecho a percibir como consecuencia de su previa constribución al sistema, que es el de revalorización de las pensiones, establecido en el artículo 50 de la Constitución.
Este artículo se ha realizado a través del 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que refuta la revalorización de las pensiones en el que se establece una regla de carácter general: «las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en fuención del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año», se argumenta en el auto.