UNA DEMORA FATAL
Indemnización de 136.000 euros por no practicar una cesárea en un parto
Sacyl reconoce mala praxis al estar ocupado el quirófano del Río Hortega de Valladolid .
Exterior del Hospital Río Hortega de Valladolid, en una imagen de archivo.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León indemnizará con más de 136.000 euros a los padres de una niña que falleció pocos días después del parto, después de producirse «una demora excesiva» en realizar la cesárea, por «una falta de diligencia».
Así lo reconoce la Consejería de Sanidad en una orden en la que resuelve la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la familia de la niña, en un caso que ha llevado la asociación del Defensor del Paciente.
El caso se remonta a diciembre de 2006, cuando la mujer ingresó en el hospital Río Hortega de Valladolid con un parto en curso, y a quien los registros que se le realizaron evidenciaron «pérdida de bienestar fetal», tras lo que se le indicó una cesárea. En la orden, a la que ha tenido acceso Efe, la Consejería considera que «ha quedado acreditado que en este caso existió una demora excesiva en el tiempo para realizar la cesárea, cuando se habían evidenciado indicios de un posible sufrimiento fetal, produciéndose finalmente el fallecimiento» de la niña, «días después de su alumbramiento».
El médico residente no solicitó la atención del médico ginecológico hasta una hora después de los registros, y cuando el ginecólogo de guardia indicó la necesidad de una cesárea urgente ésta se demoró porque el «único quirófano disponible estaba ocupado», según se recoge en la orden.
El procedimiento penal del caso duró seis años, según ha recordado la asociación del Defensor del Paciente en un comunicado, y concluyó con el sobreseimiento y archivo del mismo, tras lo cual se inició la vía administrativa en noviembre de 2012 que ha terminado con esta orden de la Consejería, catorce meses después.
‘El Defensor del Paciente’ destaca que la Resolución de la Consejería de Sanidad es «llamativa», dado que solo en contadas ocasiones el Sacyl reconoce la existencia de mala praxis en la vía administrativa.
A su juicio, «deberían existir más reconocimientos como éste en que la propia administración admita y se comprometa a pagar por sus errores, que causan tanto sufrimiento a las familias». Aun así, la organización lamentó que este reconocimiento «no haya llegado antes».
Por estos hechos y al entender que la pérdida de la niña fue fruto de una «negligencia médica», los Servicios Jurídicos de ‘El Defensor del Paciente’ presentaron denuncia que dio lugar a un procedimiento abreviado seguido en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid. En la instrucción del procedimiento, el juzgado dictó auto de imputación contra la médico residente y la matrona que asistieron al parto.