SANIDAD
Tener consulta y no acudir cuesta 140 millones de euros al año a la Comunidad
El jueves se estudiará la racionalización del gasto, como el copago de quien no vaya.
Las consultas médicas están abarrotadas, pero aun así hay muchos que no acuden a la cita.
La cancelación de consultas porque los pacientes plantan al médico y no anulan su cita cuesta 140 millones al año a la Gerencia Regional de Salud, más del doble de lo que dedica la Consejería de Sanidad al programa de salud pública o lo que equivale al gasto farmacéutico de tres meses. Este impacto estimado sale de multiplicar el coste de una consulta de Atención Primaria (médico de familia, enfermera o pediatra), que es de 70 euros, por los 2,77 millones de citas a las que los pacientes no acuden cada año. A ello habría que sumar las consultas especializadas y las intervenciones quirúrgicas que se cancelan por el absentismo de los usuarios —lo que eleva los datos a cifras astronómicas teniendo en cuenta que son más caras—, y las consecuencias que el uso ineficiente de los recursos sanitarios tiene para el resto de la población y para la gestión del propio sistema, caso de las siempre polémicas listas de espera.
Estos datos «invitan a la reflexión» en medio de la borrasca tras conocerse que el Ministerio de Hacienda trabaja con un catálogo de 255 propuestas de racionalización del sector público que incluye, entre otras medidas, el copago por no acudir a una cita programada o no retirar pruebas diagnósticas. Pese a que el propio ministro, Cristóbal Montoro, ha descartado que se vayan a aplicar, son medidas duras que están encima de la mesa para ser discutidas este jueves, 31 de julio, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, es más partidario de avanzar en eficiencia para mejorar en el funcionamiento de la Administración. En lo que le toca —75 medidas en el ámbito de la salud—, dice que hay algunas cuestiones técnicas, con un debate de fondo, y otras de decisión política por las demandas y la situación de algunas autonomías. En todo caso, duda de que se vayan a implantar nuevos copagos que supongan sacrificios para los usuarios.
En este contexto, llama a la responsabilidad de los pacientes en el uso racional del sistema sanitario, teniendo en cuenta que «el sistema es de todos». «La responsabilidad de la sanidad la tenemos las administraciones, los servicios de salud y los profesionales, pero también los pacientes. Por esta vía también se producen ineficiencias», afirma, para defender que aunque no es fácil corregir con medidas punitivas o sancionadoras estas conductas, sí «se podría programar una media administrativa que se concentrara en los pacientes reincidentes».