Acusan a la oposición de rechazar por electoralismo el acuerdo en transparencia
El Grupo Popular y la Junta acusaron ayer a la oposición —PSOE y Grupo Mixto— de rechazar el acuerdo y retrasar la aprobación de la ley de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León por «cálculos electorales», y defendieron que el texto es «más exigente» que el nacional y consolida un «modelo de éxito». La socialista María Fernanda Blanco, Alejandro Valderas (UPL) y José María González (IU) tildaron de «opaco, escaso y confuso» el proyecto presentado, a la vez que la primera rechazó colaborar en un «paripé», al defender su propuesta alternativa.
La mayoría del PP rechazó las enmiendas de totalidad de la oposición, con texto alternativo del Grupo Socialista, que ridiculizó como «una mala copia» de otras leyes, mientras que PSOE, UPL e IU se unieron para descalificar el texto de la Junta. El proyecto de ley pasa ahora a ponencia y comisión con la previsión de que se apruebe en el último pleno de las Cortes en marzo, con el que se cerrará la legislatura.
La procuradora socialista María Fernanda Blanco calificó de «decepcionante, timorata y mala de solemnidad» la ley presentada por la Junta, afirmó que el proyecto «nace muerto» porque está a «años luz de lo que pide la calle» y advirtió de que su grupo «no va a colaborar en un paripé que eleva a rango de ley una página web sin compromisos, garantías ni avances».
Blanco trazó las diferencias del proyecto de la Junta con el texto alternativo de su grupo en la regulación de la transparencia y la información como un derecho de los ciudadanos, en el compromiso socialista de publicar todos los contratos, también los «menores que se trocean», y en la inclusión de medidas para la regeneración democrática ante la desafección de los ciudadanos, donde llegan incluso a la petición de responsabilidades patrimoniales a los altos cargos por quebranto económico en un «ejercicio inadecuado de sus funciones».
La procuradora aprovechó la mención a los contratos para denunciar la «opacidad» en la petición que han hecho de los modificados del Hospital de Burgos y advirtió de que las asociaciones de la plataforma van a presentar recursos administrativos, ante el rechazo de Sanidad al registrado por su partido. Además, aseveró que, si hubiera regulación sobre la responsabilidad patrimonial, habría respuesta y asunción de responsabilidades en casos como la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Mala copia
El viceportavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, ridiculizó el texto al manifestar que 53 de los 73 artículos se han copiado de la ley andaluza, 12 de la navarra, 13 son una mezcla de leyes y sólo siete son propios, con la «única aportación de crear más órganos». «Castilla y León tiene un diez en transparencia, ninguna de las que han copiado lo tienen», aseveró, para incidir en que quién copió la ley andaluza desconocía las enmiendas parciales y pedir que en el futuro debate se defiendan por quienes las han hecho o conocen la ley.
Sanz Vitorio, que respondió que el informe de modificados del Hospital de Burgos tiene el aval de los presidentes socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda y de Ángel Velasco, como miembros del Consejo Consultivo, insistió en que el «texto alternativo salvación» de la oposición es «una mala copia»y en que es un «paso atrás en la participación». «Quieren elevar su nivel de sectarismo a rango de ley», criticó. Además, pidió que se explique el no al acuerdo, si proviene del «señor no», en referencia a Luis Tudanca, o del «cocinero de platos fríos», en alusión a Óscar López.
El procurador de UPL, Alejandro Valderas, salió en defensa del texto socialista, que calificó de «buen trabajo», al recordar que todas las leyes se hacen con «trozos de las demás, también las que redacta la Junta. Valderas y José María González (IU) apoyaron la iniciativa del Grupo Socialista por entender que es más completa, válida, clara y precisa y criticaron que la ley del Ejecutivo lo fie todo al Gobierno Abierto. Para el procurador de UPL, la administración autonómica está «fosilizada, politizada y mal adaptada a los medios técnicos».
«Es una ley escasa, inútil y no dispone de los medios para su puesta en marcha», afirmó Valderas en la defensa de la enmienda a la totalidad de su grupo, que cuestionó que sea «un modelo de éxito, sino fallido». Para González, el proyecto de ley no abre las puertas a la información ni garantiza el derecho de los ciudadanos a contar con una información veraz. «La redacción muestra oscurantismo», concluyó.
«Están obsesionados con que no exista una ley de Transparencia en la Comunidad y prefieren que legislen los próximos aunque ustedes, según las encuestas, no estén la próxima legislatura», advirtió el popular Alfonso García Vicente, que apeló al consenso y a la mano tendida de su grupo para llegar a acuerdos en la tramitación. El procurador rechazó lecciones en transparencia de «modelos caducos», en referencia a Andalucía, cuando «Castilla y León ha sido pionera».
Consolidar la posición
En la presentación del proyecto, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, lamentó que, tras tres reuniones con los grupos de las Cortes, no se haya producido un acuerdo y se hayan presentado dos enmiendas a la totalidad. «Nos hubiera gustado el pacto político, que ha sido imposible por cálculos electorales», censuro, para expresar su confianza en que se impongan los intereses generales y haya acercamiento en la tramitación que se abre ahora.
«Es un texto que reconoce un modelo de éxito», defendió el consejero en referencia a la nota otorgada por organismos como Transparencia Internacional, para recordar que es un compromiso del presidente de la Junta, que ahora eleva a rango de ley medidas ya puestas en marcha, entre ellas la información y participación a través del Gobierno Abierto. Transparencia en la actividad pública y de la publicidad activa, reutilización de la información pública y participación de los ciudadanos son los principios que guían la ley.
El consejero mantuvo que el acceso a la información por parte de los ciudadanos también permite una mejor y más participación en los asuntos públicos y aseguró que su texto es «más exigente» que el nacional al publicar datos de relación de puestos de trabajo, selección de personal, acuerdos con colectivos, gasto público en publicidad o cartera de la deuda.
Además, estimó que es un avance para quienes les «repugna la corrupción» por lo que consideró que es una «buena noticia» contar con una norma que camine en esa dirección. En el texto se encarga la tarea de velar por su cumplimiento al Procurador del Común, con lo que se rechaza crear un órgano nuevo, por entender que es una institución conocida por los ciudadanos.