Un plan pionero de la Junta abordará con 120 medidas la violencia en la familia

ICAL | VALLADOLID

Las personas que sufran violencia intrafamiliar o que detecten un abuso en su entorno, en cualquiera de sus formas, contarán con un servicio de telefónico unificado de información y orientación. De esta manera, los profesionales del 012 que serán formados en la materia podrán ofrecer los recursos que la Junta de Castilla y León tiene a disposición de las víctimas. Es una de las 120 actuaciones que contempla el Plan de Prevención de la violencia intrafamiliar, que también recoge medidas para concienciar y sensibilizar a la sociedad de estas situaciones, mejorar los sistemas actuales de detección y unificar criterios de actuación.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presentó el plan ante el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, reunido ayer en Valladolid, para su análisis y estudio así como recibir aportaciones para su mejora. Aseguró que es un programa «pionero» que convierte a la primera Comunidad de España en abordar la prevención de los malos tratos dentro de las familias. El primer objetivo es identificar las diferentes manifestaciones de la violencia intrafamiliar en referencia a cuatro grupos de relaciones bidireccionales: padres-hijos, pareja, mayores y personas con discapacidad.

UNA VIOLENCIA COMPLEJA

García reconoció que se trata de un tipo de violencia «compleja» y difícil de abordar. Así lo corroboran los datos existentes. En la Comunidad, entre 2007 y 2017, la violencia de género dejó 58 menores huérfanos, hijos de 34 mujeres que fueron asesinadas. Junto a esto, en 2017 se abrieron un total de 377 nuevos expedientes de protección, 171 niños y 206 niñas y, en total, 1.959 menores contaron con expediente de protección. Entre las causas que motivaron los expedientes destacaron la negligencia física (31 por ciento de los casos) y la negligencia física (24 por ciento). El maltrato físico y psíquico estaba presente en el 8 por ciento y 6 por ciento de los casos.

Respecto a la violencia filioparental, el dato del número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en la Comunidad en los que se acuerda la imposición de una medida consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017, y representa cerca del 11 por ciento del total de sentencias con medida.

En relación a la violencia de género destaca, en 2017 respecto a 2016, el número de denuncias presentadas que creció un 16,8 por ciento y el de las órdenes de protección concedidas, un 11,7 por ciento. Respecto a los menores víctimas de esta violencia, y con datos nacionales del Ministerio de Igualdad, desde 2013 son 27 los niños que han sido asesinados en España, ninguno de ellos en Castilla y León, y 194 los que han perdido a sus madres.

Sobre el maltrato a personas mayores, encuestas nacionales señalan que el 0,8 por ciento de las personas mayores entrevistadas había sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar, porcentaje que aumentaba hasta el 1,5 por ciento entre las personas mayores dependientes, a lo que se añade que las personas mayores presentan mayores tasas de todos los tipos de maltrato. Por último, y respecto al maltrato de la personas con discapacidad, en la macroencuesta realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad sobre violencia contra la mujer se indica que la prevalencia de la «violencia severa» en las mujeres con discapacidad por parte de sus parejas es mayor a la que sufren las personas sin discapacidad, 6,4 por ciento en el caso de mujeres sin discapacidad frente al 12 por ciento en mujeres con discapacidad.

SANIDAD y EDUCACIÓN también

Ante una violencia con tantas aristas en el entorno familiar, la consejera subrayó que se trata de un fenómeno «integral» y «único». García abogó por una actuación con una perspectiva global más que sectorial. De ahí se explica que la elaboración del plan haya contado con la participación de las Consejerías de Familia, Educación y Sanidad. Además, García recordó que Castilla y León ya cuenta con un amplio conjunto de medidas y mecanismos de actuación frente al maltrato pero la novedad de este programa es aúna todas ellas y aborda la violencia intrafamiliar desde una visión más amplia.

La consejera hizo hincapié en la concienciación y la sensibilización sobre la necesidad del buen trato en el ámbito familiar. También mencionó que el plan buscará facilitar y mejorar la detección, notificación y derivación con nuevas herramientas. En ese sentido, se establecerá la activación de ingresos residenciales en situaciones de prioridad social en casos necesarios de maltrato o violencia de género a personas mayores o con discapacidad. Por último, otro de los ejes del plan es la unificación de los protocolos para que los profesionales —que recibirán una formación especializada— actúen de forma coordinada y con criterios comunes. Una formación que llegará a los profesionales de la sanidad, educación, servicios sociales y profesionales del tercer sector para que cuenten con las herramientas para identificar el recurso más adecuado para cada necesidad. También habrá formación para familias y personas que participen en la red de voluntariado.