Cuentas alerta de que Sacyl no tiene crédito para financiar sus obligaciones

ICAL | VALLADOLID

El Consejo de Cuentas de Castilla y León alertó ayer de que «subsiste» el problema de insuficiencia de crédito en la Gerencia Regional de Salud para financiar sus obligaciones. Así lo recoge el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad, que la institución entregó en las Cortes una vez aprobado por el Pleno de la entidad, quien detectó obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2016 de Sacyl por importe de 462 millones de euros, un 0,7 por ciento más que en el ejercicio anterior. De esta cifra, 71 millones corresponden a ejercicios anteriores. Al mismo tiempo, señaló que «indebidamente» se anotaron 326 millones, atribuidos a 2016 que corresponden a otros ejercicios.

El conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2016 alcanzó un endeudamiento de 11.316 millones de euros, incluyendo el factoring sin recurso que, de acuerdo con Eurostat, debe tenerse en cuenta desde diciembre de 2012. La cifra alcanzada es un 7,2 por ciento superior a la de 2015. La Comunidad cumplió los límites de eudeudamiento establecidos dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados por acuerdo del Consejo de Ministros, con un déficit del 0,64 por ciento del PIB regional, inferior al 0,7 por ciento fijado como objetivo. También cumplió el objetivo de la regla de gasto para 2016, establecido en el 1,8 por ciento, con una variación respecto al ejercicio anterior del 0,3 por ciento.

En opinión del Consejo, la Cuenta General se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económico-financiera de la Comunidad, excepto en aquellos incumplimientos y salvedades que pone de manifiesto el informe de fiscalización. El informe concluye que la cuenta general se ha rendido dentro del plazo contemplado normativamente, respetando la estructura prevista por la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y recogiendo la información establecida, aunque existen carencias en la información suministrada en la Memoria. Subraya que las empresas y las fundaciones públicas no presentaron de forma agregada la ejecución y liquidación de los presupuestos de explotación y capital. «Existen carencias en la información suministrada en la Memoria y la Cuenta General de la Comunidad sigue sin incluir todas las entidades que deberían estar integradas en la misma», sentencia.

El informe observa que, al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General, por lo que respecta a las entidades del sector público sujetas al régimen de contabilidad pública, no son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de la cuenta general del sector público administrativo.

La elaboración de la Cuenta General del Estado, conforme a su nueva regulación, establece una cuenta única consolidada de todas las entidades que integran el sector público estatal. En la Comunidad, precisa el Consejo, sigue existiendo la división en tres cuentas generales, la de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, la del sector público empresarial y la del sector público fundacional.

LIQUIDACIÓN NO COHERENTE

El Consejo entiende que el estado de liquidación del presupuesto rendido no es coherente con la información financiera del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial debido a que aquel se presenta consolidado y en estos la información figura agregada. «La agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado económico patrimonial produce duplicidades y, por tanto, sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades, concretamente en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes», señala.

La suma de los presupuestos definitivos del conjunto de entidades integradas en esta Cuenta General ha sido de 14.182 millones de euros, habiendo experimentado una disminución de 986 millones respecto al ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 6,5 por ciento. Las obligaciones reconocidas consolidadas por el conjunto de entidades se han situado en 13.736 millones de euros, un 5,5 por ciento inferior a 2015, y los derechos reconocidos consolidados han sido 13.651 millones, un 8,6 por ciento menos.

El registro de inventario no está implantado en la totalidad de los entes y el inventario general no recoge todos los bienes y derechos que integran el patrimonio. Por otra parte, permanece pendiente la depuración del saldo de la cuenta que refleja las revalorizaciones relativas a los bienes inmuebles de la Comunidad.

Como consecuencia de la fiscalización realizada, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste negativo de 296 millones de euros, lo que elevaría la cifra total de este concepto a un importe negativo de 753 millones. En el balance agregado, tanto en el activo como en el pasivo, propone un ajuste negativo de 88 millones, que situaría el importe total en 15.122 millones. Respecto a la cuenta del resultado económico-patrimonial agregada, el Consejo plantea ajustes que suponen un aumento de 96 millones de euros, que reduce el desahorro a 471 millones.

El endeudamiento contraído a largo plazo (deuda pública y endeudamiento con entidades de crédito) pendiente de amortizar al cierre de 2016 del conjunto de las entidades del sector público de la Comunidad ascendía a 10.471 millones de euros, un 4,9 por ciento superior en la comparación interanual. La cifra alcanza los 10.929 millones teniendo en cuenta el factoring sin recurso, con un incremento del 7,6 por ciento. La Comunidad ha respetado el límite autorizado por su Ley de Presupuestos para 2016. El Consejo de Cuentas también precisa que una parte del endeudamiento a largo plazo concertado en el ejercicio, en concreto 238 millones de euros, en contra de lo establecido por la normativa no se ha destinado a financiar gastos de inversión.

El Consejo de Cuentas precisa que la Administración General y la Institucional no disponen de manuales donde se regule con detalle cada fase de la tramitación de los avales, si bien la normativa específica recoge los principales hitos procedimentales. Por ejemplo, recuerda que el Instituto Tecnológico Agrario cuenta desde 2015 con un procedimiento que recoge aspectos parciales de la gestión.

A lo largo de 2016 no se concedieron avales y se cancelaron cuatro que corresponden al ITA y uno a la ADE. La cuantía del riesgo vivo de los 33 avales existentes al inicio del ejercicio, para el conjunto de las entidades integradas en la Cuenta General era de 524 millones de euros, por lo que el importe de los 28 avales existentes a fin de ejercicio ascendió a 516 millones, con una reducción del 1,5 por ciento.

El riesgo vivo en la Administración General ha pasado de 505 millones a 499 millones, con un descenso del 1,2 por ciento. En el ITA, de 3,4 a 1,9 millones, con una reducción del 41 por ciento y en la ADE de 15 a 14,9 millones, un 1,9 por ciento menos.

MENOS EMPRESAS PÚBLICAS

El número de empresas integradas en la Cuenta General disminuyó respecto al ejercicio anterior, al desaparecer Appacale y no integrarse las tres empresas dependientes de las universidades públicas. La Administración General de la Comunidad participa de forma mayoritaria en Cylsopa y Somacyl mientras que Ceical no puede considerarse pública, ya que está participada minoritariamente a través de ADE. Por su parte, la cifra de entidades integradas en la cuenta general de las fundaciones públicas pasa de 13 a 10, al no incluir las cuatro fundaciones dependientes de las universidad públicas y haberse incluido el Consejo de la Juventud.