Berkeley se opone a que se prohíba la minería de uranio
Imagen de una manifestación contra la mina. J. M. GARCÍA
La empresa australiana Berkeley expresó este viernes su oposición a una propuesta parlamentaria de los partidos PSOE y Podemos para prohibir la minería del uranio en España, al presentar un informe sobre sus cuentas en el tercer trimestre.
La empresa, que cuenta con un flujo de efectivo de 87 millones de dólares australianos (61 millones de dólares o 52 millones de euros), señaló que ultima los permisos burocráticos para iniciar la construcción de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), sobre la que posee una licencia de explotación.
Sin embargo, estos planes podrían verse afectados por la prohibición a la minería de minerales radiactivos, incluido el uranio, según una enmienda al proyecto de ley sobre el cambio climático pactada este mes por PSOE y Podemos, socios en el Gobierno.
La empresa, con sede en Perth (Australia) y Madrid, recuerda que la enmienda podría no incluirse en la ley, pero subraya su rechazo. «La posición de Berkeley sobre el contenido de esta enmienda propuesta es clara: la prohibición de las actividades económicas en España sin razones justificadas son contrarias a la Constitución española y a los derechos legales reconocidos por otros instrumentos legales», indicó Berkeley en el informe trimestral.
La compañía, con licencias de explotación en cerca de una treintena de minas en Salamanca, Cáceres y Badajoz, subrayó que cuenta con un permiso para explotar la mina de Retortillo durante 30 años prorrogables.
En sus cuentas, Berkeley aportó escasos datos, incluido el pago de 1,4 millones de dólares australianos (unos 990.000 dólares u 840.000 euros), así como sus logros medioambientales como la reducción de un 38 % de combustible en 2019. En la enmienda propuesta, PSOE y Podemos afirman que los proyectos relacionados con la minería del uranio dan lugar a residuos radiactivos cuya vida transciende a generaciones.
Para dar cumplimiento a la normativa española en materia de protección radiológica, estiman que es necesario establecer medidas para evitar su dispersión, que podría suponer un riesgo para la población o el medioambiente. «Esto exige una vigilancia institucional a largo plazo de la que, en el último extremo deberá hacerse cargo el Estado haciendo uso de recursos públicos», según el texto.
Dado que no se puede exigir a la empresa minera el coste de dicha vigilancia, que se extendería casi a perpetuidad, y que las necesidades de España de uranio son «sobradamente cubiertas en el mercado internacional», se considera «oportuna» la prohibición de instalación.