El reto de Mañueco con la violencia que niega el machismo
NACHO GALLEGO
El compromiso de Alfonso Fernández Mañueco de aprobar una ley específica en Castilla y León es el mayor hito en la historia de este concepto que Vox ha logrado introducir en la agenda política. De la «violencia intrafamiliar» se empezó a hablar hace tres años, cuando la formación de extrema derecha accedió a sus primeras cotas de representación y rompió el consenso institucional hasta entonces vigente sobre la violencia machista. Una corriente que desde el principio ejerció presión sobre el discurso del PP y que ha acabado por asumir ahora a cambio de un apoyo de los de Santiago Abascal que puede no ser el último.
El próximo quizás llegue en Andalucía, siguiente en acudir a las urnas, y precisamente la comunidad en la que Vox se estrenó en un parlamento autonómico y arrancó los primeros compromisos en esta materia. En 2019, a cambio de sus votos para la investidura y luego para los Presupuestos, el Gobierno de PP y Ciudadanos tuvo que poner en marcha un teléfono de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. La iniciativa, que en su primer año de vida recibió una media de dos llamadas al día, se limitó a casos de agresiones de hijos a padres y no tuvo continuidad en el plano normativo con una ley ‘ad hoc’.
En su página web, la Junta de Andalucía describe la violencia intrafamiliar como la «ejercida en el ámbito doméstico por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos». Incluye los ataques a mujeres, hombres, menores y ancianos. La violencia de género la define como «toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo».
Ahora el Ejecutivo de Mañueco, que por primera vez incorpora a un vicepresidente y tres consejeros de Vox, se enfrenta al difícil reto de legislar sobre algo que no tiene precedentes, al menos con esa nomenclatura.
El recién investido presidente de Castilla y León defiende que una norma será compatible con la otra, que no quedará derogada. Sin embargo, asociaciones feministas y también el Gobierno central auguran que supondrá un paso atrás en la lucha contra la devastación que provoca la violencia de género.
«Hablar de violencia intrafamiliar pone en peligro los derechos de las mujeres», advirtió ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop.