El equipo de Mañueco trata de enfriar las discrepancias nacionales entre PP y Vox para que no afecten a CyL

El secretario autonómico del PP y presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, marcó ayer distancia entre el acuerdo alcanzado con Vox la semana pasada en Extremadura y la negociación abierta en Castilla y León, tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo. “Cada comunidad autónoma tiene peculiaridades”, dijo al ser preguntado por si el pacto extremeño puede ser un preludio de lo que ocurra en su tierra.

En una declaración a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes, Francisco Vázquez, que presidió ayer la primera Mesa de la XII Legislatura, evitó dar detalles sobre las conversaciones abiertas entre el PP y Vox en la Comunidad, donde hace una semana cerraron un acuerdo previo a la constitución de la Cámara.

«Vamos a ir avanzando sobre esos temas», apuntó el secretario autonómico del PP, quien evitó aclarar “nada” sobre la negociación y su rumbo en Castilla y León. “Lo que sí que digo es que sobre esos temas hay que ir avanzando, pero es lo que te puedo decir ahora. Nada más”, sentenció a preguntas de los informadores.

El viernes el presidente del PPCyL y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó que se iban a producir “contactos informales” con Vox “en los próximos días” y dejó claro que el pacto de Extremadura “no influye en nada” en la negociación iniciada en Castilla y León.

El PP en CyL trata de separarse de la polémica nacional que enfrenta al partido de Feijóo y al de Abascal desde horas después de firmar el acuerdo de gobierno en Extremadura.

Ayer, el secretario general del PP, Miguel Tellado, tuvo que salir a defender el acuerdo que ha sellado su partido con Vox en Extremadura ante la polémica en torno al concepto de «prioridad nacional» introducido por Vox, al tiempo que ha garantizado ayudas a organizaciones como Cáritas, que puede estar «tranquilas» porque no les va a «afectar».

Uno de los puntos que ha abierto más debate es el relativo a la «prioridad nacional» que aparece en el documento firmado por PP y Vox en Extremadura: «El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Desde Vox, Carlos Hernández Quero y José María Figaredo señalaron en una entrevista en ‘El País’ que las ONG que acogen inmigrantes irregulares no podrán recibir subvenciones autonómicas, «tampoco las de la Iglesia». Y ayer, Vox sostuvo que el PP acepta todo esto.

Al ser preguntado si se eliminarán todas las subvenciones y ayudas a organizaciones como Cáritas por acoger inmigrantes, Tellado ha explicado que el texto dice que se eliminarán «las ayudas a ONGs que promuevan la inmigración ilegal», subrayando que eso es «un delito». Dicho esto, ha explicado que esta medida «se ha incluido en términos idénticos o similares en acuerdos anteriores en otros territorios de España, por ejemplo en los acuerdos de investidura del año 2023 en Aragón o en el acuerdo de investidura de Baleares». Es más, dijo que en las negociaciones presupuestarias del año 2025 «se incluyó también en la Comunidad Valenciana o en Murcia». «Y en ninguno de esos casos se ha acabado con la labor humanitaria de estas organizaciones y en ninguno de estos casos se ha dejado de colaborar con esas organizaciones», destacó.

Tellado señaló que el PP entiende que «a quienes colaboran con las mafias» y «a quienes trafican con personas», las arcas públicas «no deben financiarles». Y eso, a continuado, el PP lo va a defender «dentro y fuera del acuerdo con Vox». «Lo vamos a defender desde todas las administraciones donde gobierna el PP. Por lo tanto imaginamos que nadie estaría de acuerdo en financiar prácticas inhumanas», resaltó.

Tras ello, explicó que organizaciones como Cáritas, «que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y toda condición», «pueden estar completamente tranquilos con este acuerdo» de PP y Vox en Extremadura «porque no les va a afectar».

Al ser preguntado por las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dudando del encaje legal que tiene la ‘prioridad nacional’, Tellado dijo que lo que significa ese concepto es que «se priman y se bareman criterios como la vinculación con el país», haciendo hincapié en «el arraigo». «Hablamos de criterios objetivos que demuestran que se tiene una vinculación efectiva y afectiva con el territorio. Por lo tanto, con este acuerdo no hay ningún extranjero que viva aquí legalmente que sea discriminado frente a un español de nacimiento», resaltó.