CyL ampliará las ayudas al alquiler, incluirá "arraigo" y "progresividad" y mejorará el aval hipotecario a jóvenes
Blanco Llamas critica que la financiación del Plan Estatal de Vivienda es "insuficiente" para la Comunidad
La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha anunciado una ampliación en las líneas de ayudas destinadas al alquiler de vivienda dentro de sus compromisos para los próximos cuatro años con una actualización de los criterios de concesión que incluirán, entre otros, el arraigo por empadronamiento y el principio de progresividiad, al tiempo que mejorará el aval hipotecario para jóvenes.
Blanco Llamas ha garantizado este compromiso en su comparecencia de legislatura ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, donde ha especificado que las nuevas convocatorias van a actualizar los criterios de concesión para introducir "el principio de progresividad, el incremento para jóvenes y habitantes de medio rural, o el arraigo por empadronamiento". El objetivo de esta medida, como ha explicado, es que las personas que reciban prestaciones públicas acrediten, sea cual sea su procedencia, una vinculación "legal, efectiva y estable" con Castilla y León.
La vicepresidenta ha garantizado que estas subvenciones van a contar con las aportaciones necesarias para cubrir a todos los solicitantes que cumplan los requisitos, unas partidas que en la pasada legislatura han supuesto 100 millones de euros adicionales a los fondos del Estado.
Paralelamente, Blanco Llamas ha detallado una mejora en las condiciones de acceso al mercado hipotecario para los jóvenes mediante la ampliación de la línea de avales del Programa 'Mi Primera Vivienda'. El Ejecutivo elevará el porcentaje de capital garantizado del 17,5 por ciento al 20 por ciento, lo que permite a este colectivo acceder "al cien por cien del préstamo, reduce el ahorro previo necesario y favorece la emancipación".
Blanco ha recordado que desde la implantación de esta medida en 2023 se han suscrito casi 2.000 hipotecas, una cifra que ha planificado incrementar "de modo significativo".
De forma complementaria, ha anunciado nuevas políticas para personas de hasta 40 años que incluyen bonificaciones fiscales, la creación de la cuenta ahorro vivienda joven y un descuento de hasta 30.000 euros del precio de compra de inmuebles de promoción pública en el medio rural, en colaboración con las Diputaciones Provinciales.
Durante su comparecencia, Blanco ha aprovechado para criticar la financiación del Plan Estatal de Vivienda, a la que ha calificado como "claramente insuficiente para responder a las necesidades reales" de la comunidad. La vicepresidenta ha censurado que el plan estatal "llega tarde" y ha sido aprobado "sin el consenso suficiente", lo que, como ha defendido, ha obligado a Castilla y León a asumir un esfuerzo presupuestario superior al del Estado.
A este respecto, ha explicado que la aportación de las arcas autonómicas ha pasado de una cofinanciación del 20 por ciento en el plan anterior al 40 por ciento en el nuevo marco, a lo que se añaden los fondos adicionales para cubrir el total de solicitudes, por lo que ha avanzado que la Junta va reclamar "un mayor compromiso financiero al Gobierno de España".
ACTUACIONES SOBRE LA OFERTA DE VIVIENDA
Dentro de las medidas destinadas a actuar sobre la oferta, la vicepresidenta ha fijado como meta estratégica la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas en la legislatura, apoyada en un incremento del 80 por ciento de la inversión en políticas de vivienda.
Para ello, ha anunciado la creación de una Bolsa pública de Suelo mediante un Portal de Suelo Público y el desarrollo inicial de siete Planes Regionales de Ámbito Territorial (PRAT) en municipios como Segovia, Aguilar de Campoo, Medina de Rioseco, Ólvega, Viana de Cega, Guijuelo o Paredes de Nava.
Como ha detallado, estas actuaciones van a permitir la promoción de viviendas protegidas tanto por promotores públicos como privados, para lo que también se han diseñado reformas en la legislación urbanística y ayudas específicas destinadas a la urbanización de parcelas vacantes.
La Vicepresidencia ha proyectado además una Unidad Aceleradora de Proyectos de Vivienda de Protección Oficial para la tramitación preferente de promociones que superen las 50 viviendas protegidas, así como la aprobación del Decreto de entidades certificadoras en el ámbito del urbanismo para abreviar los plazos de las licencias.
En materia de rehabilitación, Blanco ha destacado la relevancia que va a cobrar esta actividad a través del Programa Rehabitare, que ha previsto la recuperación de 264 viviendas por un importe de 25,5 millones de euros. Como novedad, el programa se ha extendido al ámbito privado bajo la denominación 'Rehabitare Privado', con un incentivo económico al propietario de un inmueble vacío a cambio de su puesta en el mercado como alquiler social, para lo que, antes de finalizar el año, la Junta ha planificado la firma de un convenio piloto con la Diputación de Zamora provisto con 600.000 euros por cada parte a cuatro años.
Finalmente, de cara a aportar seguridad a los arrendadores e incentivar la oferta de alquiler asequible, el Ejecutivo autonómico ha avanzado la próxima aprobación de un Decreto que regule y actualice el programa "alquiler seguro", con el objetivo de poner en el mercado 2.000 viviendas protegidas mediante la aportación del crédito necesario para la contratación de seguros de garantía.
Asimismo, la vicepresidenta ha confirmado la prórroga del convenio con las Cámaras de la Propiedad Urbana para mantener las oficinas de asesoramiento gratuito frente a la ocupación ilegal, un servicio que en sus tres años de funcionamiento ha atendido cerca de 300 consultas presenciales y más de 13.000 de carácter telemático.