La disputa por la linde entre Castilla y León y Asturias enfrenta a la Junta y a la UPL
La formación leonesista remarca que “dejen que nos defendamos nosotros” en otra Comunidad Autónoma, porque para estar como estamos, “preferimos estar solos”
Terrenos recuperados por Cabrillanes en el primer litigio territorial con Somiedo.
El conflicto por los límites territoriales entre Cabrillanes (León) y Somiedo (Asturias) volvió este martes al pleno de las Cortes de Castilla y León, donde el procurador de UPL Luis Mariano Santos y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, protagonizaron un enfrentamiento por el papel de la Junta en un litigio que se prolonga desde hace 26 años.
Santos reclamó al Gobierno autonómico que intervenga para respaldar al municipio leonés de Cabrillanes en el contencioso judicial abierto con Somiedo. El procurador leonesista acusó a la Junta de actuar como una «madrastra» con la provincia de León y cuestionó que, mientras el Principado de Asturias respalda los intereses de Somiedo, la Administración autonómica no haya hecho lo suficiente para defender a Cabrillanes.
«¿Dónde están los patriotas que hablan de límites territoriales?», preguntó Santos durante su intervención. El procurador recordó que el litigio afecta no solo a los términos municipales, sino también al límite entre Castilla y León y Asturias, y reclamó explicaciones sobre las actuaciones realizadas por la Junta para recuperar un monte público que, según señaló, está en disputa desde 1992.
En su primera respuesta, González Gago aseguró que la Junta «ha defendido, defiende y seguirá defendiendo a su territorio y a los municipios de Castilla y León».
El consejero fue más allá en su segunda intervención y aseguró que el Gobierno autonómico ha apoyado «intensamente a Cabrillanes», al existir, según explicó, un «interés conjunto en defender» el límite autonómico, provincial y municipal.
Más de 600 hectáreas para Cabrillanes
González Gago recordó que los Servicios Jurídicos de la Junta se personaron en el procedimiento judicial planteado por Asturias y Somiedo ante la Audiencia Nacional. Según explicó, el tribunal dictó una sentencia favorable a los intereses de Castilla y León que supone que más de 600 hectáreas pasen a pertenecer al Ayuntamiento de Cabrillanes.
La resolución, no obstante, ha sido recurrida por la otra parte, por lo que será ahora el Tribunal Supremo el encargado de resolver definitivamente el conflicto.
El consejero aprovechó además su intervención para reprochar a UPL que reclame la actuación de la Junta sin mencionar el papel de la Diputación de León, al considerar que el litigio afecta también al límite provincial entre León y Asturias.
«Se ha equivocado de destinatario, los únicos que no han ayudado es la Diputación de León», afirmó González Gago.
El consejero puso el foco en el alcalde de Cabrillanes, que también es diputado provincial, y aseguró que «no se le ha visto el pelo» en relación con las actuaciones de la institución provincial sobre el conflicto territorial.