La Junta adaptará la prevención de riesgos laborales a retos como las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado este martes el IX Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración Pública, en el que ha avanzado la necesidad de modernizar el sistema preventivo autonómico para adaptarlo a los nuevos desafíos tecnológicos y a la inteligencia artificial.

González Gago ha remarcado en el encuentro, organizado por el servicio de prevención de la Dirección General de la Función Pública, en colaboración con la Escuela de Administración Pública (ECLAP), que el objetivo principal de la prevención de riesgos laborales es garantizar mayor "seguridad, salud y bienestar" a los empleados públicos, lo que repercute directamente en una mejora de los servicios prestados a la ciudadanía en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención al público, el mantenimiento de carreteras o la gestión de emergencias.

En este sentido, el consejero ha calificado la prevención de un pilar fundamental dentro de la acción del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que ha subrayado la responsabilidad normativa de los cargos públicos y las ventajas operativas que aporta a la Administración autonómica.

Según ha explicado, estas actuaciones incrementan el atractivo del empleo público para los jóvenes opositores, aumentan la eficiencia organizativa, reducen los periodos de baja laboral y desincentivan la jubilación anticipada al favorecer un entorno de trabajo confortable.

El titular de la Presidencia ha aportado además los datos correspondientes al ejercicio cerrado de 2025, un periodo en el que la cobertura preventiva ha alcanzado a 57.000 empleados públicos y más de 4.000 centros de trabajo, de los que se excluyen las instituciones sanitarias del Sacyl al disponer de su propio sistema preventivo.

Dentro del bloque de actuaciones técnicas, los servicios de la Junta han ejecutado más de 3.000 intervenciones durante 2025, lo que supone un incremento del 20 por ciento en comparación con las cifras de 2024. Estas medidas se han distribuido equitativamente, en torno a un 25 por ciento para cada ámbito, entre evaluaciones de riesgos, planes de autoprotección, informes específicos e informes sobre contingencias y enfermedades profesionales.

En la vertiente formativa, la Administración autonómica ha duplicado las acciones desarrolladas en 2025 hasta rozar los 500 cursos, impartidos en modalidades presencial y en línea, con la participación de 15.000 empleados públicos. Por su parte, la medicina preventiva ha sumado 20.000 reconocimientos básicos de salud y ha registrado la vacunación contra la gripe de 9.000 trabajadores en la última campaña.

González Gago ha resaltado que estos indicadores colocan a Castilla y León por debajo de la media del conjunto de las administraciones públicas españolas en cuanto a tasa de accidentabilidad laboral, si bien ha instado a mantener y ampliar el esfuerzo institucional.

Finalmente, el consejero ha defendido la necesidad de actualizar los esquemas preventivos ante la evolución experimentada por la función pública desde la primera edición de este congreso en 2005.

"Debemos avanzar hacia un modelo de prevención dinámico y adaptado a los nuevos tiempos, que no solo atienda a las exigencias físicas tradicionales, sino también a los riesgos emergentes derivados del uso intensivo de la tecnología y las nuevas formas de prestación del servicio público", ha afirmado, un punto en el que ha precisado que las conclusiones de las distintas ponencias servirán de base para incorporar la salud emocional y la digitalización al plan de actuación técnico y formativo de la Junta.