El servicio de empleo de Castilla y León contratará a 203 empleados para dar un trato más humano
La plantilla del Servicio Público de Empleo de Castilla y León se ampliará en 203 personas con objeto de ofrecer una atención personal, más humana y próxima a los usuarios, tal y como define la ley de su creación, aprobada en las Cortes.
El viceconsejero de Trabajo, José Alberto Ambrós, convocó ayer a CC. OO., UGT y a la patronal Cecale para entregarles un borrador del reglamento que desarrollará la ley, para cuya aprobación la Junta tiene seis meses. No obstante, Ambrós anunció que en paralelo a la redacción del reglamento de la normativa se presentará un plan de modernización del servicio, donde se recogerá el personal, con una ampliación en 203 personas, los medios técnicos aprovechando las nuevas tecnologías, así como la imagen y el diseño del servicio. En cuanto a la ampliación de las 56 oficinas existentes del antiguo Inem, el viceconsejero explicó que el mapa actual data de 1985 y la revisión, en todo caso, se producirá de acuerdo con la evolución de la población, pero precisó que se aprovechará la telemática para comunicar los contratos y evitar la presencia física. Ambrós añadió, en el mismo sentido, que se creará un portal de empleo y se implantará la cita previa para evitar que las personas paradas tengan que guardar cola. Respecto del reglamento, el viceconsejero entregó a los agentes sociales un borrador en el que se recoge la naturaleza, funciones, fines, régimen jurídico y económico, órganos de gestión y representación y estructura del servicio para que planteen alegaciones si lo consideran oportuno. El servicio público de empleo, que tendrá estructura de gerencia, se configura como órgano autónomo, con presupuesto propio y entre sus funciones están las que ejercía el Inem en el territorio de Castilla y León, los programas de ayuda a la búsqueda de empleo o la gestión del plan de formación e inserción profesional y el plan de formación ocupacional de la comunidad. Precisamente, el incremento de los medios humanos y técnicos fue una de las condiciones que reclamó el PSCL para sumarse al consenso y dar su apoyo a la ley en las Cortes.