PP, PSOE y UPL cuentan con 36 procuradores que asisten por vez primera al parlamento

La legislatura se inicia en la autonomía con la renovación del 43% de electos

La elección de la Mesa de las Cortes abre mañana los actos de la séptima legislatura

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ical | valladolid

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Mañana martes, 19 de junio, comenzará en el nuevo edificio de las Cortes la VII Legislatura de la vida autonómica de Castilla y León con una sesión en la que los 83 procuradores jurarán o prometerán su cargo y se elegirá al presidente del Parlamento y la nueva mesa de la Cámara. Las elecciones del 27 de marzo arrojaron una renovación del 43,3 por ciento de los parlamentarios respecto a los de la anterior Legislatura, es decir 36 procuradores. De este modo, en el Grupo Popular se sentarán por primera vez en el hemiciclo 21 de los 48 procuradores obtenidos; el Grupo Socialista afrontará los próximos cuatro años con 14 de los 33 parlamentarios que obtuvo nuevos y Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantendrá a Joaquín Otero como portavoz, mientras que incorpora a Héctor Castresana. La sesión comenzará con la constitución de la Mesa de Edad, integrada por el procurador electo de mayor edad, Francisco Aguilar (PP), que estará asistido en calidad de secretarios por los dos más jóvenes, Alfonso García (PP) y María Blanco Ortúñez (PSOE). El presidente abrirá la sesión -cuya duración rozó las dos horas en la anterior legislatura- y uno de los secretarios dará lectura al decreto de convocatoria y a la relación de procuradores electos. Acto seguido, comenzará la elección de la Mesa de las Cortes por votación y después, la del presidente. Los grupos políticos podrán proponer candidatos tanto para presidir la Cámara, como para ocupar los cargos de vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretario primero y secretario segundo. Para la elección del presidente, cada procurador escribirá un solo nombre en una papeleta y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes. Si no se logra esta mayoría, se repetirá la elección entre los procuradores que mayor número de votos hayan obtenido. En este caso valdrá la mayoría simple. Si hubiera empate, se repetiría la votación y si éste persistiera se considerará elegido el candidato que forme parte del grupo político con mayor número de escaños, según figura en el Reglamento de las Cortes. Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos y el presidente solicitará, por orden alfabético, a los procuradores el juramento o promesa de acatar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, a la vez que entregará a cada parlamentario la medalla acreditativa de su nueva condición. Finalizado el llamamiento, el presidente declarará constituidas las Cortes y, seguidamente, levantará la sesión. De los procuradores, 15 serán de la circunscripción de Valladolid, 14 de León, once de Burgos y Salamanca; siete de Ávila, Palencia y Zamora, en cada caso; seis de Segovia y cinco de Soria. El desarrollo del Estatuto y del Pacto Local, la financiación y el Observatorio de la Despoblación centrarán la agenda de las nuevas Cortes de Valladolid. Temas pendientes El desarrollo, mediante proyectos legislativos, de los nuevos derechos y principios rectores que recoge la reforma estatutaria, la puesta en marcha del Pacto Local y el debate para intentar conformar una postura de comunidad ante la próxima negociación de la financiación autonómica y el Observatorio contra la Despoblación serán los principales retos a los que se enfrentarán los 83 procuradores que el próximo martes toman posesión. De este modo, si finalmente las Cortes Generales aprobaran en los próximos meses la reforma del Estatuto de Autonomía, se abriría un tiempo de desarrollo del nuevo texto que ocupará gran parte de la Legislatura. En este sentido, podrían llevarse al hemiciclo del nuevo edificio del Parlamento autonómico de Valladolid proyectos como el que institucionalizará el nuevo Consejo del Diálogo Social y otros que regularán diversos derechos, como todos los de carácter social que recoge el Estatuto; los que tendrán los ciudadanos ante la Administración, el derecho de petición a las instituciones públicas.

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