Iberdrola invierte más de 80 millones en la comunidad en renovables y nuevas tecnologías La Junta denuncia que Sanidad castiga a las autonomías que son permisivas con la ley del tabaco
Iberdrola desarrolla en Castilla y León varios proyectos de investigación y desarrollo (I+D), que suponen una inversión de 83 millones de euros, dirigidos a «consolidar el liderazgo» de la compañía en el fomento de las energías renovables y las tecnologías emergentes. La compañía remarca el acuerdo de colaboración suscrito con el Grupo IBM (NYSE:IBM) para impulsar la innovación tecnológica empresarial desde la comunidad autónoma. Para ello, INSA (compañía perteneciente al Grupo IBM) abrirá un Centro de Innovación Tecnológica en las instalaciones de la Empresa en Aldeatejada (Salamanca), que iniciará sus actividades trabajando en un proyecto de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de Iberdrola y de sus filiales internacionales. Al respecto, el valor inicial del acuerdo suscrito entre ambas empresas se sitúa en torno a los 62 millones de euros. Este centro, que estará operativo en 2008, contará con una plantilla inicial de 100 personas que podrá alcanzar las 300 ó 400 en función de la evolución del negocio. La empresa también recalca la puesta en marcha del proyecto 'Raya del Duero', que ha permitido a 14 pueblos con una población de más de 1.500 personas ubicados cerca del tramo fronterizo del río en Salamanca y Zamora, disponer de diversos centros dotados de equipamiento informático de última generación y conexión por banda ancha a Internet. La Junta de Castilla y León denunció ayer que el Ministerio de Sanidad va a «castigar» económicamente a las comunidades autónomas que han desarrollado decretos sobre la Ley de Prevención del Tabaquismo «un tanto permisivos». El portavoz del Ejecutivo castellano y leonés, José Antonio de Santiago-Juárez, informó ayer a través de una rueda de prensa de que el consejero de Sanidad de la comunidad autónoma ha remitido una carta al ministro Bernat Soria para pedir explicaciones sobre el anuncio publicado en los medios de comunicación que habla de que Castilla y León dejará de percibir 850.000 euros correspondientes a planes de prevención del tabaquismo. Según la consulta realizada por la Junta de Castilla y León, en esta misma situación se encuentran la Comunidad de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana y Baleares, precisamente aquellas cuyos decretos de desarrollo de la ley anti-tabaco han sido recurridos judicialmente por el Ministerio, en opinión de De Santiago-Juárez. «Los tribunales dirán lo que tengan que decir», ha expresado el portavoz, quien se ha preguntado «qué tiene que ver» el conflicto jurídico con el desarrollo de programas de prevención del tabaquismo. Ha garantizado que estos programas, que atienden a unas 70.000 personas anualmente en Castilla y León, «van a seguir existiendo» porque «por encima de todo está la salud de los ciudadanos» que es «a quienes penalizan», según el portavoz de la Junta.