La Junta insta a la UE a prohibir los beneficios fiscales del País Vasco

La Junta de Castilla y León instó ayer al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a prohibir las llamadas «vacaciones fiscales», «orque el coste de las decisiones tributarias del País Vasco no es asumido en exclusiva por los ciudadanos de ese territorio, sino que repercute en los de toda España». En concreto, el Gobierno regional sostiene que las diputaciones forales carecen de «autonomía económica», un requisito imprescindible para que la Unión Europea considere legal la rebaja del Impuesto de Sociedades de la que disfrutan los empresarios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya desde hace años. Así, según señalan fuentes de la Junta en un comunicado, las empresas asentadas en el País Vasco pagan el 28 por ciento de sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades, cifra inferior al 30 por ciento que está vigente en las demás autonomías. Además, tienen importantes ventajas fiscales a la inversión que no existen en el resto de España y que también hacen que tributen menos. En opinión de la Junta, esto supone que las tres diputaciones forales están haciendo «un uso desleal de sus atribuciones fiscales que atenta contra la libre competencia» y perjudica a Castilla y León. De ahí que el Ejecutivo regional haya presentado siete recursos contra estas prácticas desde 1996 -a los que se sumará uno más hoy mismo- ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que antes de pronunciarse ha elevado la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La letrada que representa a la Junta, que ha sido la primera en intervenir, ha expuesto estos argumentos en la decisiva vista prejudicial que ha analizado la legalidad de las sucesivas reducciones del Impuesto de Sociedades aprobadas unilateralmente por las diputaciones vascas. A la sesión, en la sede del Alto Tribunal en Luxemburgo, asistió una delegación de Castilla y León encabezada por el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, acompañados por los presidentes de Cecale, Jesús Terciado, y del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Manuel Vidal, ya que los empresarios son los principales perjudicados por las diferencias de tributación. En septiembre de 2006 el Tribunal de Justicia de la UE se pronunció sobre un caso muy similar. En aquel momento examinó la situación de las Islas Azores, que tenían un Impuesto de Sociedades inferior al del resto de Portugal. El Alto Tribunal declaró ilegal esa rebaja tributaria, pero al mismo tiempo estableció los criterios que debían cumplir los gobiernos regionales o locales que quisieran reducir sus impuestos sin vulnerar las normas europeas. La postura de las diputaciones vascas es que tienen autonomía institucional, de procedimiento y económica, los tres requisitos que exige la sentencia Azores para poder dictar normas tributarias ajustadas a la ley.