Apuesta por la simplificación

La vivienda protegida, especialmente en zonas estratégicas, es base fundamental de la nueva regulación aprobada por la Junta y que acaba de entrar en vigor

La Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo pretende agilizar trámites para impulsar la vivienda

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M. J. Muñiz - león
León

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Simplificar la normativa, mejorar los mecanismos de coordinación administrativa, garantizar el libre acceso a la información, reforzar los instrumentos de apoyo a la política de vivienda y profundizar en la exigencia de la calidad de vida son los principales objetivos del Proyecto de Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, que la semana pasada entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. «La normativa responde a la voluntad de la Junta de Castilla y León de desarrollar una política urbanística activa adaptada a la evolución de Castilla y León y al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos», explica el consejero de Fomento, Antonio Silván. El texto aprobado se adapta a la legislación básica en materia de suelo y actualiza la Ley de Urbanismo de 1999; «y además pretende claramente apoyar los objetivos de la política de vivienda que hemos diseñado», explica Silván. El consejero destaca también que este conjunto de medidas tiene como finalidad clara apoyar al sector de la construcción y a la actividad inmobiliaria, «que han contribuido de forma relevante al reciente desarrollo económico de la comunidad». Para empezar, el proyecto de ley contempla la simplificación de la normativa para hacer posible «su aplicación ágil y eficaz». Suelo urbanizable Con medidas, por ejemplo, como la unificación del suelo urbanizable: «Distinguir entre suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado no resulta útil en la práctica, pues el desarrollo del no delimitado encuentra muchos obstáculos. Una sola categoría asegurará una suficiente provisión de suelo urbanizable y garantizará la racionalidad del desarrollo urbano». También se agilizan gran cantidad de pormenores técnicos, como los usos autorizables del suelo rústico, el cálculo del aprovechamiento medio, las reglas para la normalización de fincas y la tramitación de los convenios, cuantificación detallada de reservas dotacionales,... Otro de los puntos desarrollados en la nueva normativa se refiere a la unificación de las cesiones, de forma que se fijan en el 10% del suelo urbano no consolidado (salvo en el medio rural y los conjuntos históricos, donde no habrá cesión) en lugar de oscilar entre el 0 y el 20% a criterio municipal, como ocurría hasta ahora. Más coordinación Lograr una mejor coordinación administrativa es otro de los objetivos de la norma, «como un instrumento para lograr la eficacia de las políticas públicas». Se establece por ejemplo el mecanismo para obtener terrenos protegidos para usos públicos, de forma que sus propietarios puedan tener aprovechamiento en otros ámbitos y que la Administración obtenga para uso público terrenos de interés para infraestructuras o equipamientos, o con valores naturales o culturales, que se integrarán en un nuevo sistema general de espacios protegidos. Además se crean nuevos instrumentos, como las Normas Urbanísticas de Coordinación; y se aboga por la racionalidad en la emisión de los informes sectoriales. Igualmente, se pretende agilizar la adaptación de la normativa ambiental; y se refuerza la independencia de las comisiones de valoración, ya que en adelante excluirán a quienes tengan intereses afectados. De cara a garantizar la transparencia informativa, se hace obligatoria la publicidad telemática tanto en la información pública como una vez aprobados; y todo el contenido de los planes urbanísticos debe poder consultarse por Internet. Viviendas protegidas Por otro lado la Junta, como agente urbanizador, obtendrá suelo ya urbanizado para la construcción de viviendas protegidas, «incrementando así de forma sustancial nuestro patrimonio de suelo», explica el consejero. La reserva para viviendas protegidas se regula, de forma que la regla general es que del 30 al 80% de la edificabilidad residencia se destina a este fin. Se contemplan excepciones, «siempre justificadas», que permitirán introducir flexibilidad en una autonomía «con amplísima variedad de situaciones en el marco de las posibilidades que abre esta ley». En cuanto a la garantía de las dotaciones, los servicios, los espacios libres y los equipamientos deben quedar garantizados, incluso cuando los terrenos lleguen a ser suelo urbano consolidable. Deberán mantenerse siempre los estándares de dotación con los que fue aprobado un plan Pérdida de calificación La clasificación de suelo urbano y la condición de solar pueden perderse si los servicios se deterioran o dejan de ser suficientes.

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