Todos los asuntos de Patrimonio pasan a depender de una comisión autonómica

La Junta de Castilla y León acaba de crear una entidad que controlará todos los asuntos relacionados con el patrimonio de la comunidad autónoma, la llamada Comisión de Patrimonio Cultural, que se situará por encima de las diferentes comisiones territoriales provinciales para, según un comunicado de la propia Junta, «avanzar en la conservación y gestión» de la riqueza cultural de la autonomía. Aunque el citado texto informa de que la comisión «extiende su actuación a todo el territorio de la comunidad sin invadir las competencias de las comisiones territoriales de patrimonio cultural», en su apartado de competencias expresa que éstas se extienden también hasta «asuntos cuya competencia corresponde a las comisiones territoriales de patrimonio cultural, cuando no se alcance la mayoría de los votos de los miembros presentes sin ninguno en contra, en la adopción de acuerdos de estos órganos». La citada nota asegura que este nuevo ente centralista constituye una entidad «que es pionera en España» y recuerda que quedó constituida en el mediodía de ayer en el transcurso de un acto que, presidido por el director general de Patrimonio de la Junta, Enrique Sáiz, se celebró en el Monasterio de Prado en Valladolid. «La creación de este organismo responde a la pretensión de la Junta -continúa el comunicado oficial- de avanzar en la conservación y gestión del Patrimonio cultural de la comunidad a partir de una concepción más amplia, moderna, integrada y sostenible de las intervenciones en los bienes, concepción que deriva de las estrategias establecidas en el Plan Pahis 2004-2012 del Patrimonio Cultural de Castilla y León». «Dentro de esta línea de mejora de la conservación y gestión del patrimonio -prosigue-, el plan de protección incluido en el Plan Pahis ha previsto el desarrollo de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León a través de una disposición reglamentaria, el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León». «Este reglamento ha supuesto una innovación en la gestión del patrimonio, en cuanto que crea organismos especializados para la protección, adecuados a la realidad de la comunidad, que buscan una mayor eficiencia en función de las específicas características de nuestro amplio y disperso legado patrimonial, y una visión territorial más amplia, integradora e integral del Patrimonio». Entre las competencias del nuevo ente está el poder decidir sobre los proyectos de restauración de bienes declarados de Interés Cultural cuando su titularidad corresponda a la Junta o emitir informes en la aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico de municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes cuando en ese área exista algún BIC.