Nueve de cada diez bajas de empleados públicos no se repondrán en el 2011
El Gobierno pretende ahorrar 2.400 millones al reducir del 15% al 10% la tasa de reposición; los sindicatos alertan del daño en servicios como sanidad o educación
La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, anunció el nuevo recorte.
Nueve de cada 10 bajas laborales que se produzcan en el 2011 entre los empleados públicos quedarán sin cubrir, según informó este martes la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí. El ajuste supondrá un ahorro de 2.400 millones de euros en la Administración General del Estado (AEG). De esta manera, el Gobierno extiende su política de reducción de costes entre los empleados públicos, iniciada en 2010 con una rebaja salarial de un 5% (en término medio). Para el 2011, el presidente Rodríguez Zapatero anunció la congelación. En ambos ejercicios, la tasa de reposición fijada, en un principio y por consenso, en el 15% ha disminuido al 10%.
El anuncio tuvo lugar en una reunión de la mesa de la función pública a la que asistieron también representantes de las comunidades y de los sindicatos del área. El portavoz de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, expuso su preocupación por el deterioro que puede suponer el recorte de plantilla en servicios esenciales como la sanidad o la educación. «Espero que haya exclusiones y que en determinados lugares se cubra el cien por cien de las bajas», explicó.
Rumí subrayó que no todo son recortes. «En el 2011 por primera vez se regulará entre los empleados públicos el accidente «in itinere» y, a efectos de la pensión, se computan 112 días por parto y 14 más por cada segundo hijo», desveló. «Esto estaba reconocido en el régimen general -”continuó-” y no en las clases pasivas». La secretaria de Estado reiteró que es preciso desarrollar «una política responsable que se adecúe a las circunstancias».
Enrique Fossoul, de CC.OO., acusó al Gobierno de llevar a cabo «una pantomima». Recordó que el Estatuto del Empleado Público remite a la mesa la «negociación» de la revisión anual de las retribuciones básicas del conjunto de la función pública y lamentó que el Ejecutivo opte por «simplemente cubrir la apariencia de legalidad».
A su juicio, la actitud del Gobierno del PSOE «es una especie de farsa que transforma derechos en papel mojado» porque «la administración se está acostumbrando a saltarse continuamente la ley».