El Gobierno primará a las empresas que le ayuden a ahorrar energía

No hay mejor manera de incentivar la actividad que ofrecer ayudas económicas ni de impulsar a un colectivo como dar el primer paso. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno dentro de su estrategia para intentar animar el incipiente sector de las empresas de servicios energéticos (Eses) y promover la eficiencia en el consumo. El Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de mejora en 330 edificios de la Administración del Estado que incluye primas y subvenciones por un valor total de 56,7 millones de euros. Beneficios muy novedosos que recibirán tanto las compañías que resulten ganadoras de los concursos de mejora del consumo como aquellas que resulten finalistas.

La iniciativa, que persigue un ahorro en la factura del 20% en el horizonte del 2016, está centrada en edificios con grandes consumos (más de 400.000 euros anuales) y con superficies superiores a los 30.000 metros cuadrados. Y ahí entran, según fuentes gubernamentales, desde todas las sedes ministeriales a cárceles, comisarías, cuarteles, hospitales o aeropuertos.

Ya se han elegido y ahora el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Idae), la punta de lanza de Miguel Sebastián en el proyecto y quien pagará las subvenciones, se encarga de analizar cada uno de los proyectos para definir las necesidades y preparar los concursos.

Los contratos no serán licitaciones al uso, sino que se ha optado por un formato nuevo de colaboración público-privada que, no es baladí, no computa el coste en el déficit del Estado. Algo parecido a lo que quiere hacer el Ministerio de Fomento con las constructoras para compensar el bajón en la inversión pública en infraestructuras.

La fórmula conlleva que los adjudicatarios financien al 100% el proyecto, realicen las obras necesarias, compren los materiales e instalaciones (calderas, ventanas, sistemas de refrigeración, y todo lo que sea necesario) y después gestionen el consumo energético por un periodo máximo de 20 años, durante el que recibirán un canon que podrá variar en función del mayor o menor ahorro energético logrado. Algunos concursos incluirán la compra de la energía por parte del ganador, que después se la venderá al ministerio en cuestión.

Industria ha aprobado esta semana las ayudas. Serán de dos tipos. Las primeras, dedicadas claramente a estimular a las empresas a participar en los concursos, están dotadas con 4,2 millones para este año. Con ellas se podrá pagar -“dependerá de la administración-“ entre 5.000 y 7.000 euros (en función de la superficie del edificio en cuestión) a los dos finalistas del concurso que no logren alzarse vencedores. El Gobierno las justifica en el mérito de las empresas por su aportación de soluciones técnicas.

Las segundas, más habituales, están dotadas con 52,5 millones entre este año y el próximo y se justifican como ayudas a las distintas inversiones que habrán de hacer los ganadores en la realización del proyecto. Es decir, un apoyo para compensar, por ejemplo, el dinero gastado en aparatos o instalaciones que, en realidad, se quedarán después para siempre en los edificios reformados.